Eliminadas las restricciones físicas para ser policía local en Canarias por falta de agentes



La policía local del futuro Islas Canarias Tendrán requisitos menos exigentes para entrar en el cuerpo. Se suprimen o flexibilizan las restricciones existentes en materia de condición física, de forma que no existe una altura mínima ni una edad máxima para participar en competiciones.En la promoción interna del escalafón de mando se cancelan pruebas tanto físicas como psicológicas y se reduce al máximo el tiempo de formación en la academia. De esta forma, se supone que las operaciones selectivas sean más flexibles para reducirlas a la mitad del tiempo y tener menos acciones Administrativo Por la urgente escasez de agentes y gestores en los municipios canarios.

En el vigente decreto -178/2006- por el que se regulan las condiciones de acceso, promoción y movilidad de los cuerpos de policía local en Canarias, se establece que el índice de obesidad -masa corporal- exigido a los solicitantes no podrá exceder de 28, calculado sobre la base de peso / altura. La propuesta de reforma del decreto es derogar este requisito, argumentando que genera discriminación que deja a muchos aspirantes con la posibilidad de ser policía. Según los gremios de representantes del cuerpo, «tener más músculo de lo habitual o un poco más de barriga no debería impedir que hagas trabajos policiales si eres apto para ellos». Hay municipios de la península que en los últimos años han eliminado las restricciones físicas en las normas de convocatoria para poder presentarse a las pruebas de la policía local, lo que ha sido apoyado por los sindicatos pero también ha causado polémica ya que un índice de masa corporal de más de 28 supone una cierta aumento de peso, dependiendo de la situación de sufrimiento físico de la persona. En la misma linea, También se suprimieron el límite de 30 años para un policía y la altura mínima para hombres -1,65 metros- y para mujeres -1,52 metros.

La modificación de la Ordenanza de Acceso a las Policías Locales lleva negociando desde hace varios meses entre la Dirección General de Seguridad y Emergencias y los sindicatos aunque está pendiente de reformar la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias, que data de 1997. El objetivo es será la nueva regla para el acceso a la policía local antes de que finalice el año, al mismo tiempo que se publicarán las convocatorias consolidadas de nuevos cargos por parte de la Comunidad Autónoma de aquellos municipios que sucumban a esta competencia en el gobierno.

Reducir los plazos

Actualmente, las optativas suelen durar entre año y medio y dos años y la academia dura otros seis meses. Los alcaldes llevan años reclamando recortes de tiempo por falta de formularios y alimentan jubilaciones anticipadas entre los policías locales desde que en 2019 entró en vigor la norma que lo posibilita. Con los cambios introducidos en la ordenanza, se prevé la entrada de más agentes Por flexibilizando los requisitos y con mayor rapidez, de forma que en menos de un año ya hay nuevos agentes en la calle. También busca reducir el exceso de juicio y el conflicto sobre temas como las entrevistas, que serán canceladas. En el caso de las promociones internas, también existe la obligación de acortar y cancelar los requisitos, por lo que se eliminan las pruebas físicas y psicológicas y sólo se exigirá un caso práctico y de prueba.

Las modificaciones del decreto coinciden con el proyecto de ley sobre la nueva coordinación de la policía local en Canarias, cuyo reglamento ha sido consensuado por el Gobierno con la Federación de Municipios de Canarias (Fecam). Tras la experiencia de la última legislatura, en la que los alcaldes rechazaron el proyecto de ley y no funcionó en el Parlamento, el ministerio que preside Julio Pérez desarrolló un camino diferente al del gobierno anterior. De esta forma, se sientan las bases para un nuevo texto legislativo que se consensúa con los municipios y será posteriormente cuando se negocie con los sindicatos en el seno del Comité de Coordinación, órgano en el que se sientan todas las partes involucradas.

Cuando faltan poco más de ocho meses para que se disuelva el Parlamento antes de la convocatoria electoral de mayo de 2023, el Poder Ejecutivo se apresura a aprobar la ley antes de que finalice la legislatura. Para ello, espera obtener todos los informes pertinentes y acordar con la Fecam y los sindicatos a más tardar en octubre o noviembre e implementar un proceso ágil en la sala para aprobar la ley en el último suspiro del mandato. El ejecutivo basa su estrategia en que es un texto general y no entra en tantos detalles como los negociados en la legislatura anterior. Se pretende que cuente con la aprobación general de los grupos políticos y que sea posteriormente cuando la ley se desarrolle mediante decretos y reglamentos.

Sin embargo, no se espera que la situación sea tan simple. Representantes de CSIF y CCOO, los sindicatos del Comité de Coordinación, desconocen el texto de la ley y consideran desaconsejable la «acometida» de última hora del Gobierno cuando se trata de una nueva ley y no de una reforma que sigue vigente. Armando Martín, de CSIF, considera una «lástima» que se pase por alto a los sindicatos para contar un proyecto de ley que supuestamente no tiene nada que ver con la ley que se trabajó en 2018, por lo que espera abrir a comisión no solo para quedar bien . Alberto González, de CCOO, ha advertido de que «es mejor hacer las cosas bien que apresurarse, y si hay que aplazar la ley a la próxima legislatura será, antes de que tengamos un texto de negociación que los ayuntamientos que se negaron a estuvo de acuerdo y no negoció. «Ahora está con los sindicatos», preguntó el jefe de policía.

La opción policial temporal causa división

Uno de los temas que continúan en disputa entre el gobierno y los alcaldes, es la posibilidad de designar policías temporales a través de una lista de reserva, como ocurre con el resto de las categorías de servidores públicos. Óscar Hernández, vicepresidente de Fecam, defiende esta figura «hasta las últimas consecuencias» para conseguir clientes en el «pico» de la demanda de seguridad que existe cuando hay grandes fiestas o eventos que requieren refuerzos policiales y trasladan clientes entre algunos municipios y otros. Hernández advierte que “los que mandamos somos nosotros y los que tenemos la responsabilidad de buscar la mejor prestación de servicios, no estamos aquí para abogar por la mejora social de un grupo”, en referencia al rechazo del sindicato a la policía local interina. Sin embargo, el gobierno también se opone a esta fórmula, por considerarla inapropiada por tratarse de agentes de la autoridad y empleados armados. El ejecutivo ofrece otras opciones como más movilidad, mejor colaboración y concursos más rápidos para cubrir las vacantes.

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