La demanda del exdirector de Puertos de Las Palmas, que reclamaba al organismo estatal 95.000 euros, fue rechazada.


El Tribunal Supremo de Canarias (TSJC) desestimó una demanda interpuesta por el exdirector de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, José Daniel López, contra un organismo público al que pedía una indemnización de 95.000 euros por los daños que alegaba haber sufrido como resultado de la suspensión de labores y salarios impuesta a un trabajador en 2013 por infracciones descubiertas durante la segunda etapa de trabajo en la presa La Esfinge, de la que fue responsable por algún tiempo.

Esta sanción disciplinaria finalmente será anulada por el Juzgado 10 de lo Social de la capital grancanaria, por lo que López exigió que se le responsabilice del «mal funcionamiento» de la administración y se le pague una indemnización. El Consejo de Administración del Puerto de Las Palmas rechazó esta pretensión en su reunión del 12 de abril de 2021, concluyendo que no ha quedado acreditado ni el daño, ni su cuantificación, ni su relación de causalidad con la sanción. Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, encabezada por el juez de Paz Francisco José Gómez Cáceres como ponente, ratifica esta resolución, a la que califica de «impecable y extraordinaria».

Para el máximo tribunal de Canarias, la «ilicitud de los daños» (aquellos que no están obligados a soportar los interesados) es incompatible con uno de los requisitos para el reconocimiento de la indemnización laboral. La Sala recuerda que la sanción impuesta a López, consistente en la suspensión de trabajo y salario durante seis años, fue anulada por motivos «puramente formales». En primer lugar, porque la conducta que se le imputa procede de una época en que ocupó un cargo de confianza, y se le impuso la suspensión de trabajos y salarios cuando ya había dejado ese máximo cargo de autoridad. En otras palabras, en ese momento, el organismo ya no tenía la facultad de autorizar acciones. Y en segundo lugar, porque no se indicó una fecha o periodo de tiempo concreto en el que ocurrieron los hechos.

En definitiva, esta sentencia (septiembre de 2015) “no dice que no se haya probado la supuesta irregularidad, sino que pone en entredicho la competencia del presidente para imponer sanciones”, subraya el TSJC. La Sala aclara que esta resolución del Juzgado 10 de lo Social de la capital grancanaria no valoraba si la conducta de López, «cuya negligencia fue constatada en los informes de Puerto del Estado», merece sanción disciplinaria.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canaria también se refiere a la decisión de incoación de un proceso penal iniciado en 2015. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria no valoró la comisión del delito en el caso de las obras. La Esfinge, pero afirma que “no se ha ejercido la diligencia debida en defensa del interés público que se le ha encomendado”.

Este auto destacaba “la más que imperfecta dirección, administración y ejecución de la construcción de la presa de La Esfinge en la actuación de cada uno de los intervinientes en la intervención en sus diversas etapas, soslayando el interés público y desconociendo los más elementales principios de coordinación, buen fe.» , expectativas legítimas…” El juez de instrucción señaló como hechos probados la presencia de violaciones en la ejecución del proyecto.

Por todo ello, el TSJC concluye que la Autoridad Portuaria de Las Palmas estaba «obligada» a abrir expediente sancionador a su ex director, ya que los hechos imputables (la modificación de la obra de La Esfinge «al margen del contrato sin seguir los procedimientos y sin permisos de la autoridad competente») no sólo fueron «plenamente probadas y acreditadas», sino también «reconocidas por la propia Junta Directiva y por los puertos del Estado en sus referidos informes técnicos y legales».

Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte de Canarias, José Daniel López estaba «obligado al pago de los daños y perjuicios» derivados del examen «más que justificado» del expediente disciplinario, dado el registro de «presencia de hecho ilícito». El juez ponente recuerda que el caso La Esfinge ha causado pérdidas económicas “incalculables” a la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Al menos veinte millones de euros.

El TSJC también rechaza otro argumento esgrimido por el trabajador en un intento de dejar sin efecto una resolución que desestima su pretensión patrimonial contra la Autoridad Portuaria de Las Palmas. La demanda de López advierte que el organismo público no presentó un informe del Consejo Consultivo de Canarias, que según sus abogados era obligatorio. La Sala no comparte esta tesis, que se refiere a la decisión del Consejo de Estado de marzo de 2001, que aclaró que “no es vinculante cuando se trate de casos de responsabilidad patrimonial iniciados por una autoridad o entidad de derecho público, que, si bien pertenecen al sector público institucional, no son la Dirección General del Estado.”

La sentencia también recuerda que las autoridades portuarias se guían por una legislación especial y «supletoriamente» por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El TSJC imputa al exdirector de la Autoridad Portuaria de Las Palmas el pago de costas procesales.

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