Los expertos advierten sobre el caos en las licitaciones comerciales tras una suspensión legal


Amparo Estrada

España tiene una tasa de licitación empresarial muy baja en comparación con otros países europeos. Sin embargo, esta información, en lugar de reflejar la solidez del tejido empresarial, muestra la ineficiencia y el fracaso del sistema concursal español, que desembocó en la «economía concursal clandestina», según el Registro de Economistas Forenses (REFOR). Según el informe 2020 de CreditTreform sobre la desigualdad en Europa, 1 banco de cada 10.000 empresas en España quebró, frente a 7 en Luxemburgo o 78 en Francia. Dado que el método concursal español no atrae a las empresas, en los malos momentos buscan otros caminos o, si no tienen otro camino, se declaran en quiebra pero demasiado tarde; Por ello, el año pasado los concursos «Express» representaron el 47% del total, ya que las empresas vienen en peores situaciones cada vez.

A pesar de estas bajas actividades de quiebras, todos los expertos han pronosticado que «nevarán» después del final de la moratoria de quiebras aprobada por el gobierno debido a las epidemias y el año siguiente a lo que terminará el 1 de diciembre. De hecho, REFOR espera que el fin de la moratoria «asegure el caos a principios de 2022». Esta es otra razón por la cual la reforma de la ley de quiebras tiene éxito con cambios que deben aprobarse para transferir las directivas comunitarias. Sin embargo, desde el registro de economistas forenses que preside Juan Carlos Roebels, admitiendo que introduce mejoras en los planes de reestructuración y enfoques específicos a las microempresas, advierten que algunos déficits podrían “arruinar” el objetivo. Por ejemplo, el privilegio de los préstamos gubernamentales, que representa más del 20% de la competencia. Para REFOR, esto va en contra de la tendencia generalizada a intentar igualar el crédito personal del público en caso de quiebra, «ya que en caso de incumplimiento un privilegio supone una distribución de los derechos de otro acreedor». Los economistas forenses ofrecen una exención del período de liquidación y un crédito público limitado entre los dos años anteriores por cargos de su proyecto de reforma.

Más del 20% de las quiebras y pagos diferidos son crédito público

Asimismo, exigen la designación de un administrador concursal en todos los casos de rescisión, porque de lo contrario «no se podría detectar una conducta ilícita o falsedad del receptor». Y protegen que si bien se simplifican los trámites, el especialista en reconstrucción es un profesional calificado y regulado por ley.

Seguridad jurídica

El Colegio Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), que preside Diego Comedador, considera que el borrador va en contra de la directiva, porque “potencia” la imagen del administrador concursal, mientras que el borrador la elimina. Estar indefenso en el nuevo marco y procedimiento regulatorio representa un gran riesgo para la seguridad jurídica de los donantes y para todo el proceso. »

ASPAC insiste en que la quiebra va en aumento a pesar de encontrarse en un estado de quiebra total, y que cuando expire la suspensión, «el proceso concursal abrumará al tribunal y la desaparición del administrador concursal significará su caída segura». Para ASPAC, la creación de un especialista en reestructuración indefinida, que no presenta ningún requisito legal más que la experiencia, que es propuesta por un interesado como el receptor de Tor y sobre el que el juez no tiene potestad de nombramiento independiente, es una tontería.

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