Más de la mitad de los menores todavía esperan decisiones sobre su edad


La presión migratoria sobre el archipiélago sigue creciendo con un marcado incremento en el número de menores en embarcaciones y algunos bebés. / LA PRENSA EUROPEA

El repunte de los últimos meses agrega congestión a la Fiscalía de Migración, mientras los centros continúan operando en la frontera

Ingrid Ortiz Viera

La congestión burocrática para determinar la edad de los menores no acompañados que llegan a Canarias continúa tras años de presión en los centros. De los 2.680 que se encuentran ahora bajo la supervisión de la Comunidad Autónoma, 1.410 están pendientes de determinación de edad, es decir, el 52%. Si bien la tasa ha mejorado desde febrero, cuando el 75% aún estaba a la espera de las pruebas óseas, esto no es suficiente para garantizar la protección de los menores. De este total, alrededor de 1.000 preferirán las pruebas si tienen dudas razonables, mientras que el resto son niños y niñas muy jóvenes.

En este sentido, el trabajo de la unidad policial cerca de los imputados es aún más «ajustado», según el Departamento Principal de Protección Infantil, lo que permite reducir parcialmente el número de personas en el albergue que realmente no pertenecen. a este grupo vulnerable.

Los retrasos se centran principalmente en Gran Canaria: en primer lugar, porque es la isla con mayor volumen de recepción, y en segundo, porque todavía complica el cuello de botella que se produjo a principios de año, cuando la redirección de recursos sanitarios a una emergencia pandémica detuvo las pruebas óseas. El embudo ahora está en los certificados emitidos por la oficina del fiscal de inmigración, que carece de personal para satisfacer la enorme demanda. En Tenerife, por el contrario, no hay colapso, explicado desde la infancia, y casi nada más llegan los menores al archipiélago, se inician los trámites oportunos.

La falta de regulación de edad no solo dificulta la separación de los adultos en los centros, sino que también genera problemas para la escolarización de los menores o para iniciar su regulación administrativa. Un proceso que pone a muchos que llegan a los 17 años en una situación de suspensión en cuanto llegan a la edad adulta, ya que no cuentan con documentos para vivir, trabajar o incluso desplazarse dentro o fuera del país.

Mientras tanto, Canarias sigue sufriendo la mayor presión por el fenómeno migratorio, y en los últimos dos meses se ha podido alcanzar la cifra histórica de 3.000 personas protegidas.
De las 212 transferencias pactadas con el resto de Comunidades Autónomas para asumir la corresponsabilidad de la admisión, ya han entrado en vigor 198. Los últimos cinco partieron este martes para Madrid, y otros quince están a la espera de un acuerdo firmado con el País Vasco, que fue pospuesto por oposición a Vox, protocolo ya rechazado en el parlamento autonómico.

El Ministerio de Derechos Sociales sigue enviando lo mismo: ante cifras “volátiles”, debe existir un mecanismo de distribución estable y justo. Esta iniciativa se está elaborando con el Ministerio después de la aprobación de la comisión territorial, pero tomará tiempo ver la luz. Aún no hay más acuerdos confirmados, aunque Infancia no los descarta.

Serrano, consejero delegado de Iratxe, cree que mil menores deben trasladarse a la península para seguir teniendo capacidades de gestión a medida que se agotan las oportunidades de abrir nuevos centros. Sin embargo, no existe ningún centro de menores en Lanzarote, donde la disparidad entre los recursos entrantes y los disponibles es mayor. De hecho, apunta Serrano, es el Cabildo el que asume todo el peso a través de su red de seguridad, por lo que hay una ganancia clara de al menos 30 plazas.

.

Deja un comentario