Una batalla política con confusión legal


Conflicto. La reducción del nivel REF, aprobada unilateralmente por el estado, abre un conflicto institucional con Canarias, que puede tener consecuencias legales

El incumplimiento por parte del Estado del régimen económico y financiero de Canarias no es algo nuevo. En los últimos años, todos los gobiernos de ambos colores políticos han violado las reglas que gobiernan la jurisdicción de la isla. En Madrid, la REF no se entiende plenamente como una herramienta compensatoria de las desventajas estructurales de la lejanía y la insularidad, y en ocasiones se percibe más como un conjunto de privilegios o un privilegio a redimir, lo que genera dudas sobre su aplicación. Para protegerlo de interpretaciones arbitrarias, la REF se consagró con rango legal máximo en el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018, y se creó un mecanismo para evitar cambios unilaterales por parte del Estado.

El artículo 167 del Estatuto establece que el régimen económico y financiero sólo podrá ser modificado previo informe del Parlamento de Canarias aprobado por dos tercios de sus miembros, y en caso de que esto sea desfavorable, la comisión bilateral canaria deberá reunirse para acordar dentro de dos meses.

La decisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de establecer un incentivo a las producciones audiovisuales en Canarias con una diferenciación fiscal muy inferior al 80% exigido por la REF ha abierto una caja de truenos. No solo porque la violación de la jurisdicción insular abre un grave conflicto institucional, sino también por la forma confusa en que el gobierno estatal impuso su decisión unilateral, lo que generó un auténtico lío legal.

La Carta de Autonomía establece que el régimen económico y financiero sólo podrá modificarse previo informe del Parlamento de Canarias

Los dos caminos elegidos por el titular de Pedro Sánchez para reducir el RPZ, con la Carta en la mano, pueden interpretarse como potencialmente contrarios a la ley. Por un lado, una enmienda incluida por el Partido Socialista en el Senado en la Ley Antifraude Fiscal, que modifica el régimen canario para limitar la deducción de proyectos audiovisuales a 12,4 millones, frente a los 18 que correspondería en el caso de 80 diferenciales -, se votó el pasado miércoles en el Congreso, a pesar de que el parlamento canario ya ha emitido un informe desfavorable.

Los servicios jurídicos de la cámara baja explican que el informe no es vinculante y por tanto no paraliza la tramitación de la reforma impugnada, por lo que la reforma se incluyó de forma permanente en la ley de fraude fiscal, desconociendo la solicitud de la Coalición de Canarias y Nuevo Canarias de suspenderla. para las negociaciones. El hecho de que el proceso no se detuviera, a pesar de la negativa unánime del Parlamento de Canarias, es, a juicio del Comité Central, «inconstitucional» porque la modificación de la REF fue aprobada antes de las conversaciones bilaterales, que aún no se han abierto, y que a su juicio no cumple con el artículo 167.2 del Estatuto.

Pero la enmienda socialista contenía un “error técnico”: fijaba la aplicación de un bono de 12,4 millones solo a partir de 2021, por lo que de la producción realizada en 2020 sólo se podían calcular 5,4 millones frente a los 10 estatales. Para evitar una diferencia negativa, el Consejo de Ministros aprobó de manera urgente un decreto-ley que se aplica retroactivamente al 1 de enero de 2020. En este caso, el decreto entró en vigencia luego de su publicación en el BM, sin que el gobierno siquiera tuviera la obligación legal de solicitar una informe obligatorio en el parlamento de Canarias, que según el Estatuto de Autonomía debe ser siempre previo al cambio de REF. Se acabó el lío legal.

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