Canarias prioriza sanidad y vivienda en presupuestos de 2027

Directrices del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno de Canarias ha dado un paso decisivo en la planificación económica del archipiélago al aprobar, el pasado 6 de julio, las directrices que guiarán la elaboración de los Presupuestos Generales para 2027. La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, presentó esta propuesta que se convierte en la hoja de ruta para todos los departamentos y entes públicos de la comunidad autónoma.

Estas directrices establecen prioridades claras, enfocándose en la mejora de los sistemas de sanidad, educación y servicios sociales, así como en el acceso a la vivienda. La salud pública y la vivienda asequible son dos de los temas más críticos que afectan a la población canaria, quienes han expresado sus preocupaciones en múltiples ocasiones, especialmente en el contexto de la crisis sanitaria y económica que se ha vivido en los últimos años.

El Ejecutivo que preside Fernando Clavijo busca fortalecer el estado del bienestar en un periodo marcado por la incertidumbre económica y política. En este sentido, es importante recordar que la sanidad en Canarias ha sido históricamente objeto de críticas debido a la saturación de los servicios y a la falta de recursos, lo que hace que estas directrices sean aún más relevantes.

Contexto económico y desafíos fiscales

A pesar de que los presupuestos de 2026 superaron los 9.500 millones de euros, el escenario fiscal para 2027 se presenta complicado. La falta de un límite de gasto no financiero aprobado por el Consejo de Ministros y las tensiones geopolíticas a nivel internacional generan un ambiente de incertidumbre. Desde el año 2020, la economía canaria ha enfrentado múltiples desafíos, incluyendo la reducción del turismo, que es uno de los pilares de su economía.

Además, la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2027-2029 por parte de las Cortes Generales sigue sin ser garantizada. Este contexto obliga a la comunidad autónoma a actuar con cautela en la distribución de recursos, priorizando aquellos sectores que impactan directamente en el bienestar de la ciudadanía.

La consejera Asián ha resaltado que las cuentas deben facilitar el despliegue de los fondos europeos disponibles hasta 2027, que son cruciales para el desarrollo de diversas políticas en Canarias, incluyendo la digitalización y la transición ecológica. La correcta gestión de estos fondos puede determinar el futuro económico y social del archipiélago.

Impacto en la sociedad canaria

Estas directrices no solo afectan a la administración pública, sino que impactan directamente en la vida de los ciudadanos canarios. La mejora en la sanidad y el acceso a la vivienda son demandas sociales de larga data, que se han intensificado en los últimos años debido a la crisis económica y la pandemia. Con un aumento en la población y la llegada de nuevos residentes, la presión sobre el mercado de la vivienda ha aumentado, llevando a muchos canarios a vivir situaciones de precariedad.

La consejera ha declarado:

"Las cuentas que estamos preparando tienen como objetivo consolidar el crecimiento y la transformación de Canarias, asegurando que los servicios esenciales estén a la altura de las necesidades de nuestros ciudadanos".

La importancia de estos presupuestos es evidente, ya que se trata del último ejercicio de la legislatura y una oportunidad para dejar una huella positiva en la comunidad. La respuesta del Gobierno canario a los desafíos actuales será fundamental para determinar cómo se desarrollarán los servicios básicos en el futuro inmediato. Con un enfoque en la transparencia y la participación ciudadana, se espera que los ciudadanos puedan hacer oír su voz respecto a las prioridades en el gasto público.

Las directrices, por tanto, no son solo un documento administrativo, sino una declaración de intenciones que refleja la voluntad del Gobierno de priorizar el bienestar de la población canaria en un contexto complicado. Este compromiso no solo implica mayores inversiones en infraestructura y servicios, sino también una revisión crítica de cómo se gestionan los recursos públicos para garantizar que se destinen a donde más se necesitan.