Canarias establece multas de hasta 600.000 euros por imprudencias en rescates

Canarias establece multas de hasta 600.000 euros por imprudencias en rescates

Las claves

  • Las multas oscilan entre 100 y 600.000 euros según la gravedad de la conducta.
  • Casi el 80% de los rescates involucran a turistas extranjeros.
  • No se sancionará automáticamente a quienes necesiten rescate, sino a los que actúen con imprudencia.

Un nuevo marco legal para las imprudencias

El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley que implementa multas severas para aquellas personas que, por imprudencia o negligencia, obliguen a movilizar los servicios de rescate. Este decreto, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), establece un régimen de infracciones y sanciones en el marco de la Ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias. La necesidad de esta normativa surge en un contexto donde la afluencia masiva de turistas a las islas ha incrementado los incidentes relacionados con actividades recreativas al aire libre, como senderismo y deportes acuáticos.

Las sanciones varían considerablemente, con multas que van desde 100 hasta 600.000 euros, dependiendo de la gravedad de la conducta y el riesgo que esta represente para los equipos de emergencia. El artículo 39 ter de la ley clasifica las infracciones en tres categorías: leves, graves y muy graves. El objetivo es garantizar la seguridad tanto de los rescatadores como de los turistas que visitan las islas, y a la vez disuadir comportamientos de riesgo que podrían poner en peligro vidas.

Clasificación de infracciones y sanciones

Las infracciones muy graves, que pueden costar entre 100.001 y 600.000 euros, están dirigidas a aquellas imprudencias que obligan a intervenir a los servicios de rescate y que representan un riesgo significativo o causan daños al personal o a los medios operativos. No es necesario que se produzcan heridos o daños materiales; basta con que se ponga en peligro a los equipos de emergencia. Este enfoque busca responsabilizar a los infractores por el riesgo que crean, no solo para ellos mismos, sino también para quienes arriesgan su vida para rescatarlos.

Las infracciones graves, que oscilan entre 3.001 y 100.000 euros, se relacionan con imprudencias simples o negligencias que comprometen la seguridad de los profesionales o de los recursos movilizados. Por último, las infracciones leves, que pueden costar entre 100 y 3.000 euros, se aplican cuando un rescate se produce sin que exista un peligro concreto para las personas o los recursos empleados. Esta categorización permite a las autoridades ser más precisas en la aplicación de las sanciones y en la identificación de las conductas más peligrosas.

Impacto en el turismo y el contexto local

Según informaron fuentes de Radiotelevisión Canaria, casi el 80% de las personas que requieren auxilio por imprudencias en las Islas son turistas extranjeros, lo que resalta la necesidad de esta legislación. Muchos de estos turistas abandonaban el lugar antes de que pudieran ser identificados, lo que complicaba aún más la situación. La percepción de inseguridad entre los rescatadores y el aumento de la carga de trabajo para los servicios de emergencia han llevado a la implementación de esta nueva ley.

El decreto no especifica actividades concretas que puedan ser objeto de sanción, y cada multa deberá ser probada en función de la conducta del infractor. Esto implica que las autoridades deberán demostrar que la conducta encaja en alguno de los supuestos establecidos en la norma. De esta forma, el Gobierno de Canarias espera fomentar un comportamiento más responsable entre los visitantes, así como una mayor concienciación sobre los peligros de las actividades al aire libre.

"Las imprudencias que obligan a la intervención de los servicios de rescate son inaceptables y deben ser sancionadas para proteger tanto a los equipos como a los visitantes", declaró Fernando Figuereo, director general de Emergencias.

Este nuevo marco legal se genera en un contexto donde la seguridad de los servicios de rescate es prioritaria, especialmente en zonas turísticas. La legislación se anticipa a situaciones similares a la ocurrida en febrero en Los Charcones (Yaiza, Lanzarote), donde un joven perdió la vida. Este tipo de incidentes ha llevado a las autoridades a implementar medidas más estrictas para prevenir imprudencias que pongan en riesgo tanto a los rescatadores como a quienes requieren asistencia. Las consecuencias de esta normativa pueden ser significativas, ya que se espera que no solo reduzca el número de rescates necesarios, sino que también mejore la percepción de seguridad en el archipiélago.

El Gobierno de Canarias estima que con estas sanciones se fomentará una mayor responsabilidad entre los visitantes y se contribuirá a la seguridad en las actividades recreativas en el archipiélago. Además, se espera que la implementación de esta ley genere un cambio cultural en la forma en que los turistas perciben su propia seguridad mientras disfrutan de la belleza natural de las Islas Canarias.