CC y PP demandan frenar la venta de Boluda a firma marroquí en Canarias

Inquietud en el Archipiélago por la venta a Marsa Maroc

La reciente decisión de Boluda Maritime Terminals de vender el 45% de su capital a la empresa estatal marroquí Marsa Maroc ha encendido las alarmas políticas en Canarias. Esta transacción, que otorga a la firma alauita el control operativo de 34 terminales en 20 puertos, ha llevado al Cabildo de Tenerife a adoptar una postura crítica. En una reciente moción institucional, impulsada por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), se exige al Gobierno de España la paralización inmediata de la operación.

El Pleno del Cabildo tinerfeño argumenta que la venta no solo representa una reestructuración empresarial, sino que podría tener repercusiones de seguridad nacional en el Flanco Sur de la Unión Europea. Los temores se centran en el riesgo de desvío de tráfico marítimo y actividad económica hacia puertos marroquíes en expansión, como Tánger Med y Nador West Med, que han sido objeto de inversiones masivas en infraestructura en los últimos años.

Contexto local y antecedentes

Canarias, como un importante punto de conexión entre Europa, África y América, ha visto cómo su infraestructura portuaria ha sido clave para su desarrollo económico. La venta del 45% de Boluda a una empresa estatal marroquí representa no solo un cambio en la propiedad de una de las empresas logísticas más importantes de las islas, sino que también podría poner en riesgo la posición estratégica de los puertos canarios en la ruta marítima internacional.

El puerto de Santa Cruz de Tenerife y el Puerto de La Luz y Las Palmas han sido históricamente vitales para el comercio y la economía local. La preocupación por la influencia marroquí en estos puertos no es nueva; en años anteriores, la expansión de los puertos del norte de África ya había suscitado inquietudes sobre la competencia desleal y la posible pérdida de tráfico comercial por parte de las instalaciones canarias.

Preocupaciones en Gran Canaria

La inquietud por esta operación no se limita a Tenerife. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria y miembro de Nueva Canarias (NC), había levantado la voz en enero de 2026 para solicitar al Ministerio de Industria una evaluación integral de la transacción. Morales advirtió que esta participación del 45% en Boluda podría afectar directamente el Puerto de La Luz y Las Palmas, considerado una infraestructura crítica para la región.

“La operación puede afectar al funcionamiento, estabilidad y futuro del Puerto de La Luz y Las Palmas”, señaló Morales en su intervención anterior.

Su postura refleja un sentimiento generalizado entre los líderes insulares de que la operación debe ser cuidadosamente analizada para evitar consecuencias negativas. En el contexto actual, donde la economía canaria enfrenta numerosos desafíos, esta transacción podría representar un golpe adicional.

Reacciones políticas y sociales

La moción aprobada en Tenerife ha generado un amplio debate político en el archipiélago. Las fuerzas de CC y PP argumentan que la entrada de una empresa estatal marroquí en un holding portuario español puede suponer una amenaza para la economía local. Desde su perspectiva, la operación debería ser revisada con atención para evitar consecuencias negativas a largo plazo.

Por su parte, los representantes del Gobierno de Canarias han manifestado su preocupación ante la falta de información sobre las implicaciones de esta venta. La Autoridad Portuaria de Las Palmas también ha sido interpelada, dado que la empresa Boluda tiene un puesto de representación en su Consejo de Administración.

Las alarmas se han encendido, y la presión política en Tenerife y Gran Canaria se hace palpable. Los líderes locales demandan claridad y una revisión exhaustiva antes de que se materialice la transacción que podría cambiar el paisaje logístico de las islas. Además, se espera que la sociedad civil, que ha mostrado interés en el desarrollo económico y la protección de los activos estratégicos de Canarias, se sume al debate. La situación se mantiene en desarrollo, y las decisiones que se tomen en los próximos días resultarán cruciales para el futuro de las infraestructuras canarias.