El consejo escolar de Canarias pide un 5% del PIB para educación

Informe del Consejo Escolar de Canarias

El Consejo Escolar de Canarias (CEC) ha hecho público su informe anual sobre el curso 2026-2027, un documento de 128 páginas que aborda las iniciativas programadas por la Consejería de Educación y que destaca tanto los logros como los desafíos que enfrenta el sistema educativo en las islas. En su análisis, el CEC pone de manifiesto la necesidad urgente de incrementar la inversión en educación, reclamando que se destine al menos el 5% del PIB a este sector.

Según el informe, esta inversión es considerada como la “única vía” para hacer frente a los retos que presenta el sistema educativo en Canarias. Además, el CEC señala que esta cifra debería elevarse al 5,5% para compensar el déficit de inversión histórica que ha marcado el sector educativo desde la entrada en vigor de la Ley Canaria de Educación en 2014.

La Ley Canaria de Educación y su incumplimiento

La Ley Canaria de Educación fue aprobada en 2014 con el objetivo de modernizar y mejorar el sistema educativo en el archipiélago. Sin embargo, a casi una década de su implementación, el CEC denuncia que muchas de sus disposiciones aún no se han cumplido, lo que ha generado un sentimiento de desilusión y frustración entre los educadores y familias canarias. La ley establece una serie de objetivos, entre los que se incluye la necesidad de garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos los alumnos, pero la falta de recursos ha dificultado su aplicación efectiva.

Iniciativas y críticas

El informe valora positivamente el inicio de la gratuidad de los libros de texto, una medida que se implementará de forma gradual y que representa un avance significativo en la equidad educativa. Sin embargo, el CEC critica la infrafinanciación persistente que afecta a la calidad del sistema educativo. El consejo ha insistido en que la elevación del presupuesto es crucial para poder llevar a cabo las acciones planificadas por la Consejería de Educación.

“La inversión del 5% del PIB es la única vía para afrontar los retos educativos en las islas”, afirmó el CEC en su informe.

Uno de los puntos más destacados del informe es la necesidad de aumentar la escolarización en la etapa de 0 a 3 años. El CEC celebra las iniciativas para facilitar el acceso a esta etapa educativa y la creación de ayudas económicas, pero subraya que se necesita un sistema estable y público que garantice el acceso equitativo a la educación desde la primera infancia. El consejo pide que se agilicen las ofertas públicas hasta que la implantación completa sea una realidad en 2027, con especial atención en zonas rurales.

Reivindicaciones y futuro educativo

El CEC ha resaltado que el incumplimiento de la Ley Canaria de Educación es una queja recurrente y que, a pesar de los esfuerzos realizados, la realidad demuestra que el objetivo de alcanzar el 5% del PIB en inversión educativa no se ha cumplido. Esto, según el informe, afecta no solo a la calidad de enseñanza, sino también a la posibilidad de implementar las reformas necesarias en el sistema educativo.

Además, el informe exige que se amplíen las ayudas a las familias vulnerables, subrayando que la financiación pública debe ser sostenible y adecuada para garantizar un sistema educativo que responda a las necesidades de todos los ciudadanos canarios.

Consecuencias de la falta de inversión

La falta de inversión en educación en Canarias ha tenido un impacto notable en varios aspectos. En primer lugar, la calidad de la enseñanza se ha visto comprometida, lo que puede llevar a una menor preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro. La escasez de recursos también ha resultado en infraestructuras inadecuadas y en la dificultad para contratar personal docente cualificado, lo que agrava aún más la situación.

El CEC concluye su informe haciendo un llamado a las instituciones para que se comprometan a cumplir con la ley y para que se establezca un marco normativo que asegure la financiación necesaria para un futuro educativo más equitativo y de calidad en las islas. La inversión en educación no solo es un deber moral, sino una necesidad estratégica para el desarrollo sostenible de Canarias y su población.