La justicia anula la tasa turística de Mogán por ser un impuesto encubierto

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la ordenanza que regulaba la tasa turística de Mogán, establecida para financiar servicios relacionados con la acción turística. En una sentencia emitida el 9 de julio, aunque la votación se realizó el 28 de mayo, el tribunal consideró que la normativa, aprobada en febrero de 2025 por el Ayuntamiento de Mogán, desnaturalizaba la figura de la tasa y camuflaba un impuesto que los municipios no pueden establecer.

Detalles de la ordenanza y su anulación

La tasa, fijada en 0,15 euros por persona y día, debía ser cobrada por los propietarios de inmuebles turísticos. El Ayuntamiento, dirigido por Onalia Bueno (Juntos por Mogán), argumentó que era necesaria para asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos en un destino turístico. Sin embargo, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) impugnó la ordenanza en los tribunales, argumentando que vulneraba el principio de reserva de ley y presentaba deficiencias en su cálculo económico.

“El municipio, sin duda con buena fe, ha pretendido hacer uso de la sedicente ‘tasa ecológica’ como una forma de obtención de recursos económicos”, señala el magistrado Francisco José Gómez de Lorenzo-Cáceres.

La sentencia también destacó que la tasa no cumplía con el principio de equivalencia, que exige que los ingresos recaudados deben corresponderse con los costes de los servicios prestados. La falta de claridad sobre los servicios que realmente se financiaban con la tasa y la carencia de diferenciación entre categorías de alojamiento fueron otros factores que llevaron a la anulación de la normativa.

Reacciones y consecuencias

La anulación de esta tasa, la primera de su tipo en Canarias, ha generado reacciones mixtas entre los sectores afectados. La patronal turística había criticado la medida desde su creación, mientras que algunos grupos de la oposición en Mogán, como Nueva Canarias y el PSOE, también se manifestaron en contra. La decisión del TSJC podría tener un impacto significativo en la financiación de los servicios turísticos del municipio y en la gestión económica del Ayuntamiento.