Canarias prevé recaudar 131 millones por la compra de viviendas
Las claves
- Se prevé recaudar 131 millones de euros hasta julio de 2026.
- El ITP aporta 68,5 millones y el IGIC 62,5 millones.
- Existen rebajas fiscales para jóvenes, familias numerosas y víctimas de violencia de género.
Estimaciones de recaudación
El Gobierno de Canarias ha estimado que recaudarán un total de 131 millones de euros en impuestos relacionados con la compra de vivienda habitual entre julio de 2023 y julio de 2026. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, presentó esta cifra durante una comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta del diputado de Vox, Javier Nieto. Esta recaudación se considera crucial para el financiamiento de servicios públicos, ya que el acceso a la vivienda es un tema de alta preocupación en las Islas.
De esta cantidad, 68,5 millones provendrán del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y 62,5 millones del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Sin embargo, Asián subrayó que estos datos son estimaciones, ya que no existe una declaración específica que permita identificar todas las compras de vivienda habitual en la administración tributaria autonómica. Esto refleja la complejidad del mercado inmobiliario canario, donde la demanda supera la oferta en muchos casos, y las dificultades económicas han llevado a un aumento en el interés por la compra de viviendas.
Rebajas fiscales y condiciones
La consejera también destacó que la política del Gobierno está orientada a facilitar la adquisición de vivienda habitual, no a operaciones de alto valor, como la compra de chalés de lujo. Para ello, se han implementado rebajas fiscales selectivas, destacando un IGIC reducido al 3% para ciertos grupos. Estos incluyen:
- Menores de 40 años
- Familias numerosas
- Personas con discapacidad
- Víctimas de violencia de género
- Familias monoparentales
Para ser beneficiarios de estas reducciones, los solicitantes deben cumplir con límites de renta familiar de hasta 46.455 euros, además de un valor máximo de la vivienda de 200.000 euros, que puede aumentar en ciertas circunstancias. Esta normativa se ha diseñado para asegurar que los grupos más vulnerables puedan acceder a una vivienda digna, un aspecto fundamental en la agenda política actual.
“La política del Gobierno va orientada a la vivienda habitual, no a quien se compra un chalé de cuatro millones de euros”, afirmó Matilde Asián.
Este enfoque busca equilibrar la reducción fiscal con el sostenimiento de los servicios públicos esenciales, según indicó la consejera. La recaudación prevista refleja el esfuerzo del Ejecutivo por facilitar el acceso a la vivienda en un momento en que el mercado inmobiliario enfrenta diversos desafíos, incluyendo el aumento de los precios y la escasez de oferta. La implementación de estas medidas podría contribuir a mejorar la situación de muchas familias canarias y a dinamizar un sector que ha sido golpeado por la crisis económica.
