El consejo de estado evaluará reclamación de empresa de Fuerteventura

Reclamación por interrupción de actividad

Una empresa que proveía combustible a embarcaciones en el puerto de Puerto del Rosario, Fuerteventura, ha solicitado una indemnización de 74.200 euros tras la interrupción de su actividad debido a obras en el muelle. Estas obras, que incluyeron la instalación de nuevos vallados, se llevaron a cabo en 2021 para cumplir con las normas de la Organización Marítima Internacional sobre la protección de buques e instalaciones portuarias.

La empresa argumenta que, inicialmente, se le indicó que debía suspender el servicio, pero posteriormente se les comunicó que las obras no afectarían su actividad. Esto generó en la empresa una sensación de “vulneración de confianza legítima” que ha llevado a la situación actual. En el contexto económico de Fuerteventura, donde el sector turístico es fundamental, la interrupción de servicios puede tener un impacto significativo no solo en la empresa en cuestión, sino también en el ecosistema empresarial local.

Decisiones judiciales clave

El procedimiento judicial comenzó en 2022. La Autoridad Portuaria de Las Palmas sostenía que no era necesaria la consulta al Consejo de Estado, ya que consideraba que los puertos eran organismos públicos que podían tomar decisiones sobre reclamaciones sin este informe. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha contradicho este criterio, siguiendo la línea de la Audiencia Provincial de Las Palmas y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y ha ordenado que el Consejo de Estado emita un dictamen sobre el caso. Este dictamen es considerado obligatorio y vinculante según la normativa vigente.

El Tribunal Supremo ha reafirmado que el Consejo de Estado debe pronunciarse sobre reclamaciones que superen los 50.000 euros.

Impacto en el sector y próximos pasos

Este caso podría sentar un precedente importante para otras empresas que operan en puertos de Canarias. La decisión del Consejo de Estado será clave para determinar si la empresa recibirá la indemnización solicitada. Si se decide a favor de la empresa, esto podría abrir la puerta a otras reclamaciones similares, afectando la relación entre las autoridades portuarias y las empresas que dependen de su infraestructura.

La Autoridad Portuaria deberá esperar el dictamen del Consejo de Estado antes de tomar una decisión final sobre la reclamación, lo que podría demorar el proceso aún más. En una isla donde la economía se basa en gran medida en el turismo y la actividad marítima, la resolución de este caso no solo impacta a la empresa demandante, sino también a la percepción de seguridad y confianza de otras empresas que operan en el sector. La comunidad local estará atenta a esta decisión, ya que podría influir en futuras inversiones y en la estabilidad del mercado laboral en la isla.