Conflictos por planta de biogás en Santa María de Guía

Una planta controvertida en el corazón de Gran Canaria

La planta de biogás proyectada en La Atalaya, en el municipio grancanario de Santa María de Guía, está generando un fuerte debate entre la comunidad local y los promotores del proyecto. Impulsada por Conagrican, del Grupo Félix Santiago Melián, la instalación tiene como objetivo transformar residuos agrícolas y ganaderos en gas para la generación de energía y compost.

La promotora presenta la planta como una iniciativa de economía circular y autoconsumo, argumentando que la electricidad producida abastecería su desaladora de Roque Prieto, vital para las explotaciones agrícolas de la zona. Sin embargo, el proyecto, que pretende tratar unas 19.370 toneladas anuales de residuos orgánicos, ha despertado la oposición de los vecinos.

El contexto de esta polémica se enmarca dentro de un creciente interés por las energías renovables en las Islas Canarias, donde se busca diversificar las fuentes de energía y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, la implementación de proyectos como este enfrenta la realidad de las preocupaciones locales y el impacto que pueden tener en la calidad de vida de los ciudadanos.

Protestas y preocupaciones vecinales

La Plataforma Stop Planta de Biogás en La Atalaya ha convocado dos semanas de movilizaciones y ha solicitado una reunión con responsables del Gobierno de Canarias. En un comunicado, la plataforma denuncia que, a pesar de la denegación municipal de la licencia de obras, continúan concediéndose autorizaciones para el proyecto. Los vecinos exigen respuestas a sus recursos y solicitudes de información.

“No queremos ser el vertedero de Gran Canaria”, afirmó Cosme Vega, portavoz de la plataforma.

Las preocupaciones de los residentes se centran en los posibles olores que la planta podría emitir, el aumento del tráfico pesado asociado con el transporte de residuos y la proximidad de la planta a viviendas, un colegio y una residencia de mayores. La crítica no se limita a la utilidad del biogás, sino que se enfoca en la ubicación del proyecto y sus efectos en la comunidad.

Este tipo de instalaciones, aunque pueden ofrecer soluciones energéticas, a menudo son percibidas con recelo por las comunidades cercanas debido a experiencias previas con proyectos que no han cumplido con las expectativas de mitigación de impactos ambientales.

Posturas institucionales encontradas

La controversia también se extiende a las administraciones locales. En mayo de 2025, el Ayuntamiento de Guía declaró que el proyecto contaba con un informe ambiental favorable y había sido sometido a una evaluación simplificada, dado que se considera una instalación de autoconsumo agrícola. Además, el consistorio anunció medidas de vigilancia al tránsito de camiones y rutas alternativas para mitigar el impacto en la comunidad.

Sin embargo, la posición del Ayuntamiento no ha sido unánime. A medida que avanzan las protestas, los vecinos continúan planteando interrogantes sobre la idoneidad del lugar elegido para la planta. La inquietud se intensifica ante el temor de que la planta no solo procese residuos propios, sino que también atraiga estiércol de otras zonas de Gran Canaria, aumentando así el tráfico y el riesgo de molestias.

Las autoridades locales deben considerar estos factores y buscar un enfoque que equilibre el progreso tecnológico y la protección de la salud pública. La situación actual refleja una lucha por el equilibrio entre el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los residentes de Santa María de Guía.

Consecuencias y próximos pasos

La implementación de esta planta de biogás podría tener implicaciones significativas para la comunidad. Si bien los beneficios de la energía renovable son indiscutibles, el rechazo social puede llevar a un retraso en la ejecución del proyecto, afectando tanto a los promotores como a la comunidad local. Además, las decisiones que tomen las autoridades en respuesta a las protestas definirán el futuro de otras iniciativas similares en la región.

Los próximos pasos incluyen la continuidad del diálogo entre los vecinos y el Ayuntamiento, así como la necesidad de una evaluación más exhaustiva de las preocupaciones expresadas por la comunidad. La respuesta de los responsables políticos a estas inquietudes será crucial para establecer la confianza entre los ciudadanos y los promotores de proyectos de energía renovable en el futuro.