El PSOE lleva al Gobierno canario a la justicia por falta de transparencia

Denuncia por falta de transparencia

La diputada del PSOE en La Palma, Alicia Vanoostende, ha llevado al Gobierno de Canarias ante la justicia debido a la falta de transparencia en la gestión de ayudas para los afectados por el volcán de Cumbre Vieja. Durante una rueda de prensa, Vanoostende explicó que su solicitud de un listado de beneficiarios de estas ayudas ha sido sistemáticamente ignorada por el Ejecutivo regional, compuesto por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP).

Obligación de informar

Según la diputada, el hecho de que el Gobierno no proporcione la información requerida no solo obstaculiza su trabajo como representante de la ciudadanía, sino que también atenta contra un derecho fundamental garantizado por la Constitución española. “El derecho al acceso a la información por los diputados y diputadas es algo muy serio. Si este derecho se ve obstaculizado, se resiente la democracia”, indicó Vanoostende.

“No puede depender de que al Gobierno le parezca bien o mal entregar la información que solicitamos. Porque no es un favor que nos hace el Gobierno, es su obligación”, aseguró.

Contexto de la crisis volcánica

El volcán de Cumbre Vieja, que entró en erupción en septiembre de 2021, devastó grandes áreas de La Palma, afectando a miles de personas. Según datos del Gobierno de Canarias, más de 3.000 personas tuvieron que ser evacuadas y cerca de 1.500 edificaciones fueron destruidas. La erupción, que duró varios meses, tuvo un profundo impacto en la economía local, el turismo y la vida cotidiana de los residentes.

Desde entonces, se han implementado diversas ayudas para apoyar a los damnificados, incluyendo compensaciones económicas, asesoramiento psicológico y apoyo para la reconstrucción de infraestructuras. Sin embargo, la gestión de estas ayudas ha sido objeto de críticas por su falta de claridad y eficacia. Muchos ciudadanos han señalado que no han recibido la asistencia que les prometieron, generando un clima de desconfianza hacia las instituciones.

Vanoostende, quien estuvo acompañada en su comparecencia por Borja Perdomo y Francisco Paz, representantes del PSOE en La Palma, enfatizó que su intención no es cuestionar las ayudas ni las cantidades pagadas, sino obtener la información necesaria para ejercer su función de control sobre el Gobierno. “La transparencia es clave para generar confianza en la administración pública”, dijo.

El camino hacia los tribunales

La diputada recordó que, tras múltiples intentos por obtener la información de forma directa y con el respaldo de la Mesa del Parlamento, se ha visto obligada a recurrir a los tribunales. “Si hoy estamos en los tribunales es porque el Gobierno de Canarias se ha negado sistemáticamente a darme la información solicitada como diputada”, afirmó.

La negativa del Gobierno a facilitar esta información ha generado una creciente preocupación entre los ciudadanos afectados, quienes ven en la falta de transparencia un obstáculo para obtener el apoyo que necesitan. La situación ha llevado a muchos a cuestionar la gestión de las ayudas y la capacidad del Gobierno para atender adecuadamente las necesidades de la población perjudicada por la erupción.

Consecuencias de la falta de transparencia

El PSOE espera que el proceso judicial clarifique la situación y permita a los afectados acceder a la información que les corresponde, así como asegurar que se garantice la transparencia en la gestión de futuras ayudas. Este caso se suma a otros debates sobre la rendición de cuentas y la transparencia en la administración pública en Canarias, un tema recurrente en la política regional.

Los ciudadanos de La Palma, aún recuperándose de los efectos del volcán, siguen a la espera de respuestas claras y soluciones efectivas a sus necesidades. La situación actual pone de manifiesto la importancia de que los representantes públicos actúen con responsabilidad y cumplan con la obligación de informar a la ciudadanía sobre los recursos destinados a su bienestar. La falta de transparencia no solo afecta a los beneficiarios directos de las ayudas, sino que también envía un mensaje negativo a la población sobre la confianza en sus instituciones.

Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno de Canarias tome medidas inmediatas para mejorar la comunicación y la transparencia en la gestión de ayudas, no solo en el contexto de la crisis volcánica, sino en todas las áreas de su administración. La confianza de los ciudadanos en sus representantes depende de su capacidad para actuar con integridad y responsabilidad.