Maxorata no elaboró queso en 15 años y reclama casi dos millones

La reclamación de Maxorata al Cabildo de Lanzarote

La empresa Productos Lácteos Lanzarote, conocida por su marca Maxorata, ha presentado una reclamación al Cabildo de Lanzarote por un monto cercano a dos millones de euros. Este monto corresponde a indemnizaciones por daños y perjuicios, tras reconocer que no ha podido desarrollar la actividad quesera para la que fue adjudicada la quesería pública del Complejo Agroindustrial de Teguise.

Según el escrito presentado por Esteban David Alberto Pérez, representante de Maxorata, la empresa alega que durante los 15 años de vigencia de su contrato de arrendamiento, que comenzó en marzo de 2011 y culminó el 21 de marzo de 2026, nunca llegó a elaborar queso. La razón principal, según la empresa, es que el Cabildo incumplió su obligación de dotar a la instalación de una depuradora de aguas residuales. Esta infraestructura es considerada un requisito técnico y normativo esencial para la producción de queso.

Impacto de la falta de infraestructura

La ausencia de la depuradora, que Maxorata califica como un “requisito técnico, normativo y operativo imprescindible”, ha llevado a la empresa a no poder llevar a cabo la actividad quesera prevista en el contrato. En su reclamación, Maxorata afirma que esta situación les obligó a destinar las instalaciones a la fabricación de yogur, una actividad que no comenzó hasta marzo de 2013. Esto significa que la empresa estuvo aproximadamente dos años sin desarrollar ninguna actividad en el Complejo Agroindustrial de Teguise.

“La falta de la depuradora impidió materialmente el desarrollo de la actividad quesera”, sostiene el documento presentado por Maxorata.

Además, el gerente de Maxorata se opone al requerimiento del Cabildo de restituir la posesión de la quesería, argumentando que el incumplimiento de la instalación de la depuradora constituye un incumplimiento contractual por parte de la institución insular.

El contexto de la controversia

Este conflicto pone de relieve las tensiones entre las instituciones públicas y las empresas que gestionan infraestructuras estratégicas en las Islas Canarias. El Complejo Agroindustrial de Teguise, ubicado en Lanzarote, se ha convertido en un punto de atención debido a esta situación, que afecta tanto a la empresa como a la percepción pública sobre la gestión de los recursos agroindustriales en la isla.

La reclamación de Maxorata se suma a otras tensiones que han surgido en los últimos años en el sector agroindustrial de Lanzarote, donde las expectativas de producción se ven frustradas por la falta de inversiones en infraestructura adecuada. Este caso podría sentar un precedente en la forma en que se gestionan los contratos de arrendamiento de instalaciones públicas y la responsabilidad de las instituciones en el cumplimiento de las condiciones pactadas.

Consecuencias de la reclamación

Las consecuencias de esta reclamación son múltiples y podrían tener un impacto significativo en la economía local. En primer lugar, si el Cabildo es obligado a indemnizar a Maxorata, esto podría generar un precedente que afecte otras empresas que operan bajo contratos similares. Además, la falta de producción quesera en la isla afecta no solo a Maxorata, sino también a la economía local, que se beneficia de la producción y venta de productos lácteos.

Asimismo, la falta de infraestructura adecuada podría llevar a un aumento de la desconfianza en las instituciones públicas por parte de los empresarios locales, lo que podría desincentivar futuras inversiones en el sector agroindustrial. El Cabildo, por su parte, se enfrenta a la presión de mejorar la gestión de sus infraestructuras y asegurar que se cumplan las condiciones de los contratos para evitar futuros conflictos.

Los próximos pasos en este conflicto dependerán de la respuesta del Cabildo de Lanzarote a la reclamación presentada por Maxorata, y de cómo se resuelvan las diferencias entre ambas partes en un contexto donde la producción local y la sostenibilidad son cada vez más relevantes para la comunidad. La solución de este caso podría marcar un punto de inflexión en la relación entre empresas e instituciones en Lanzarote.