Aspirantes a policía local en Canarias piden apartar a psicóloga del tribunal

Contexto de la prueba psicotécnica

En la Tercera Convocatoria Anual Unificada de Policía Local de Canarias, celebrada el 19 de agosto, se presentaron 1.135 aspirantes. De ellos, 738 fueron declarados “no aptos”, lo que representa un alarmante 68,99% del total. Esta alta tasa de exclusión ha generado una fuerte indignación entre los participantes, quienes consideran que el proceso careció de transparencia y justicia.

Las pruebas se realizaron simultáneamente en cinco islas: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. En la historia reciente de estas convocatorias, este porcentaje de suspensión es uno de los más altos registrados, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la rigurosidad y la objetividad de las pruebas. Tras la evaluación, los 352 candidatos que lograron aprobar se enfrentan ahora a entrevistas personales que comenzaron el 5 de octubre y concluirán el 20 de octubre. Las entrevistas son una parte esencial del proceso de selección, y los aspirantes esperan que su desempeño en esta fase sea evaluado con mayor equidad.

Las reclamaciones de los aspirantes

Un grupo de alrededor de 70 aspirantes ha formalizado una solicitud de recusación contra Daniela Gutiérrez, psicóloga y directora técnica del equipo asesor que diseñó la prueba psicotécnica. Esta solicitud ha sido presentada ante la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias, que depende de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, liderada por Nieves Lady Barreto.

“Consideramos que su participación puede estar envuelta en presuntas irregularidades”, explicaron los afectados.

Los aspirantes que han solicitado la recusación argumentan que Gutiérrez podría haber incurrido en causas de abstención, puesto que, según las bases del proceso, se considera motivo de recusación haber preparado a opositores durante los cinco años previos a la convocatoria. Además, han aportado evidencias que sugieren que ha estado en contacto con aspirantes a lo largo de este tiempo, lo que podría comprometer la imparcialidad del proceso. Este tipo de alegaciones no son nuevas en las convocatorias de oposiciones, donde la percepción de falta de imparcialidad puede erosionar la confianza en el sistema.

El impacto en el proceso selectivo

La situación ha generado un clima de tensión entre los aspirantes y las autoridades responsables del proceso. Los opositores han exigido mayor transparencia y claridad en las puntuaciones obtenidas durante la prueba psicotécnica, ya que muchos de ellos no han recibido información detallada sobre su rendimiento. Este aspecto ha sido señalado como una de las principales deficiencias del proceso, lo que ha llevado a los aspirantes a cuestionar la legitimidad de los resultados. La falta de información específica sobre los criterios de evaluación puede ser un factor desmotivador, afectando la moral de los aspirantes.

La polémica ha alcanzado también a las redes sociales, donde muchos de los afectados han expresado su frustración y han compartido sus experiencias. La comunidad de opositores se ha movilizado para demandar respuestas y una revisión del proceso, lo que podría tener repercusiones en futuras convocatorias. La presión social y la visibilidad pública de esta situación podrían forzar a las autoridades a revisar y actualizar sus procedimientos para garantizar una mayor equidad.

Consecuencias y futuras convocatorias

Con la presentación de esta recusación, se espera que la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública inicie una investigación sobre las alegaciones realizadas por los aspirantes. La resolución de este conflicto podría determinar el futuro de muchos de los implicados en esta convocatoria, así como la credibilidad de futuros procesos de selección para la Policía Local en Canarias. A medida que se desarrolle esta situación, los aspirantes y la sociedad en general estarán atentos a cómo las autoridades responden a estas preocupaciones.

Si se determina que las alegaciones son válidas, podrían implementarse cambios significativos en el proceso de selección, incluyendo la revisión de los criterios de evaluación, la formación del personal encargado de la evaluación y la transparencia en la comunicación de resultados. De no abordarse adecuadamente, la situación podría llevar a un descontento generalizado entre los futuros aspirantes a cuerpos de seguridad, afectando no solo a la percepción de estos procesos en Canarias sino también en otras comunidades autónomas.