CC La Oliva pide una tasa turística para financiar servicios públicos

La demanda de un marco jurídico claro

La Asamblea Majorera de Coalición Canaria (CC) en La Oliva ha solicitado al Gobierno de Canarias que desarrolle un marco legal que permita a los municipios turísticos implantar una tasa turística. Esta reclamación surge tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló la ordenanza de la tasa turística en el municipio de Mogán. Según la formación, este fallo pone de manifiesto la necesidad de que el Ejecutivo autonómico actúe, ofreciendo una solución legal adecuada para los ayuntamientos que deseen adoptar esta medida.

La portavoz de CC La Oliva, Jéssica de León, ha enfatizado que es crucial que la Consejería de Turismo asuma un papel proactivo, similar al que ha desempeñado en la regulación de la vivienda vacacional. La intención es promover un documento consensuado entre los municipios que garantice la seguridad jurídica necesaria para la implementación de esta tasa.

Aportaciones para el sostenimiento de servicios públicos

La propuesta de CC La Oliva se fundamenta en la idea de que los municipios turísticos, como es el caso de La Oliva, enfrentan una presión considerable que supera a la de su población residente. Esto genera un aumento en los costos de servicios como limpieza, seguridad, movilidad y mantenimiento de espacios públicos.

“Quienes visitan el municipio también deben contribuir al sostenimiento de esos servicios, para que la carga no recaiga únicamente sobre los residentes”, afirmó un portavoz de la formación en un comunicado. Este enfoque busca avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, donde los beneficios del turismo se compartan de manera más equitativa entre todos los involucrados.

La evolución del debate sobre la tasa turística

Desde CC La Oliva se recuerda que su municipio fue uno de los primeros en Canarias en estudiar la viabilidad económica y jurídica de una tasa turística. Este estudio se realizó antes de tomar cualquier decisión, con el objetivo de analizar cómo podría contribuir a la financiación de servicios públicos y a la conservación del territorio. Un estudio realizado en 2018 por la Universidad de La Laguna ya apuntaba a que la implementación de una tasa podría generar un ingreso adicional que beneficie a la comunidad local.

“Es necesario abrir un nuevo escenario de trabajo entre la Consejería de Turismo y los municipios turísticos del Archipiélago”, señalaron desde la formación. Consideran que el TSJC no debe poner fin al debate sobre la tasa turística, sino que debe ser un punto de partida para establecer un marco jurídico claro que permita a los ayuntamientos abordar esta cuestión de manera coordinada. Este llamado a la acción se produce en un contexto donde el turismo representa una parte significativa de la economía local, pero también presenta desafíos que deben ser abordados.

Consecuencias de la falta de regulación

La falta de un marco regulatorio claro para la tasa turística puede acarrear diversas consecuencias para los municipios. En primer lugar, la anulación de la tasa en Mogán no solo afecta a ese municipio, sino que genera incertidumbre en otros lugares turísticos como La Oliva. Sin un marco legal, los ayuntamientos pueden verse limitados en su capacidad para financiar servicios esenciales que se ven afectados por el aumento del turismo.

Además, la situación actual puede desincentivar la implementación de futuras iniciativas que busquen una mayor sostenibilidad en el sector turístico. La presión sobre los recursos locales puede llevar a un deterioro en la calidad de vida de los residentes, lo que, a largo plazo, puede afectar la propia imagen del destino turístico.

Un llamado a la colaboración institucional

Por lo tanto, la Asamblea Majorera de Coalición Canaria ha hecho un llamado a la colaboración entre las distintas instituciones para encontrar una solución que beneficie tanto a los municipios como a los turistas que los visitan. La propuesta de CC La Oliva no busca solo recaudar fondos, sino fomentar un turismo más responsable y equilibrado que tenga en cuenta las necesidades tanto de visitantes como de residentes.

El debate sobre la tasa turística en Canarias está lejos de concluir. A medida que crece la presión sobre los recursos locales, la necesidad de una solución efectiva se hace cada vez más urgente. La colaboración entre el Gobierno de Canarias y los municipios turísticos podría ser clave para establecer un modelo que garantice la sostenibilidad y el bienestar de todos los actores involucrados.