Comienza el juicio por la trama del catastro en Fuerteventura y Lanzarote

Detenidos y acusaciones en el caso Catastro

La Audiencia Provincial de Las Palmas tiene previsto iniciar el juicio el próximo 6 de octubre contra tres acusados de formar parte de una presunta trama que alteró la titularidad catastral de propiedades en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria entre 2011 y 2016. Este proceso judicial, que se extenderá hasta el 22 de octubre, contará con la declaración de 88 testigos y nueve peritos.

Los acusados son Santiago Ramón M.M., empresario vinculado a la mercantil Lancalan; José María C.F., responsable de la gestoría Carbonell & Fernández Gestión Catastral; y Jesús O.M., funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Las Palmas. La Fiscalía también menciona a dos hombres fallecidos durante el proceso, Gustavo Adolfo G.G.R. y Roque M.M., quienes también fueron implicados en los hechos.

Operaciones fraudulentas y sus consecuencias

Según la Fiscalía, la organización localizaba fincas rústicas en las tres islas y elaboraba contratos de compraventa con información falsa para realizar cambios ilícitos en las inscripciones de titularidad catastral. En total, la acusación vincula a los tres acusados con 141 expedientes de alteración de titularidad catastral.

“Los acusados actuaron todos juntos, de común acuerdo”, sostiene el Ministerio Público en su escrito de acusación.

El documento también detalla que el funcionario Jesús O.M. aceptó documentos sabiendo que contenían información falsa y omitió varios trámites del procedimiento. De los 141 expedientes, en 137 no se dio audiencia a los interesados, en 139 no se notificó el cambio al anterior titular y 85 fueron tramitados el mismo día, lo que pone de manifiesto la rapidez sospechosa de las operaciones.

Impacto en las Islas y medidas a tomar

El caso ha generado gran preocupación entre los propietarios de fincas en Fuerteventura y Lanzarote, que temen por la seguridad jurídica de sus propiedades. La trama, según la Fiscalía, aprovechó vacíos legales y la falta de supervisión para llevar a cabo estas alteraciones, lo que podría afectar a muchos ciudadanos en las islas.

La situación es especialmente delicada en un contexto donde el mercado inmobiliario ha mostrado signos de inestabilidad, y los propietarios enfrentan la posibilidad de ver afectada la legalidad de sus bienes. Las penas solicitadas para los acusados ascienden hasta 17 años de prisión, lo que refleja la gravedad de los delitos imputados.

Esta situación ha llevado a la Gerencia Territorial del Catastro a revisar sus procedimientos internos para evitar futuros fraudes. Se espera que se implementen medidas de control más estrictas y se fomente una mayor colaboración entre las diferentes instituciones para salvaguardar la integridad de las inscripciones catastrales.

Consecuencias para la comunidad

El juicio se presenta como una oportunidad para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. La comunidad espera que el proceso judicial ayude a restaurar la confianza en las instituciones encargadas de la gestión catastral en las islas. La resolución de este caso no solo tendrá repercusiones legales para los acusados, sino que también podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se gestionan los registros catastrales en Fuerteventura y Lanzarote.

Los propietarios de terrenos y fincas deben estar atentos a los resultados del juicio y a las posibles implicaciones que esto pueda tener en sus propiedades. La posibilidad de que otros casos similares puedan surgir en el futuro subraya la importancia de que los ciudadanos conozcan sus derechos y estén informados sobre los mecanismos a su disposición para proteger sus bienes.

En resumen, la trama del catastro no solo ha puesto en entredicho la gestión de la propiedad en las islas, sino que también ha servido como un llamado a la acción para mejorar los sistemas de supervisión y control en un área tan crucial como es la gestión catastral.