Las claves
- El Tribunal Supremo confirma la condena a Alvise Pérez por intromisión en la intimidad.
- El eurodiputado deberá pagar 10.000 euros al jefe de Policía de Canarias.
- La publicación en Telegram generó numerosos comentarios insultantes.
Detalles de la condena
El Tribunal Supremo ha declarado firme la condena impuesta al eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido popularmente como Alvise Pérez. Esta decisión judicial obliga a Pérez a indemnizar al jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, con 10.000 euros. La sentencia se origina a partir de una publicación realizada en su cuenta de Telegram el 1 de marzo de 2023, la cual fue considerada como una intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad personal y la propia imagen del jefe policial.
Contenido de la publicación
La publicación de Alvise Pérez contenía una fotografía de Gómez Martín junto a un extracto de su currículum obtenido de la página oficial de la Policía. Además, se incluía otra imagen del jefe policial con su pareja sentimental. Junto a estas imágenes, Pérez incluyó un comentario que hacía referencia a su nombramiento por parte del PSOE y a un escándalo anterior relacionado con maletas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En un tono desafiante, Pérez declaró:
“No es personal, políticos y mercenarios. Tan sólo estoy mandando un mensaje: Vamos a por vosotros. Mañana, más”.
El impacto de esta publicación fue considerable, ya que alcanzó a decenas de miles de usuarios y generó más de 670 comentarios, muchos de los cuales fueron calificados de “insultantes y vejatorios” por el Tribunal Supremo.
Impacto y consecuencias
Un juzgado de primera instancia en Las Palmas de Gran Canaria había considerado que Alvise Pérez había vulnerado los derechos de Gómez Martín, siendo responsable por los daños ocasionados a su honor por los comentarios de terceros en su publicación. Como resultado, se le ordenó no solo retirar la publicación, sino también hacer pública la sentencia e indemnizar al jefe de Policía.
Esta sentencia se erige como un precedente significativo en la defensa de la intimidad personal y la imagen pública de los funcionarios en el ejercicio de sus labores. La decisión del Tribunal Supremo marca un límite en el uso de plataformas digitales para la difusión de información personal, lo que es especialmente relevante en un contexto donde las redes sociales son utilizadas frecuentemente como herramientas de ataque personal y político.
Para los ciudadanos, esta resolución subraya la importancia de respetar la intimidad de los individuos, independientemente de su cargo público. Asimismo, resalta la responsabilidad que tienen los usuarios de redes sociales al compartir información que puede afectar la vida privada de otros, un recordatorio de que la libertad de expresión no es un cheque en blanco para menospreciar a otros.
