El TSJC ordena evaluar el impacto ambiental en los morenos de La Palma

Decisión del TSJC sobre el complejo de Los Morenos

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una resolución que afecta al complejo ambiental de Los Morenos, situado en La Palma. Este complejo ha sido objeto de controversia en los últimos años, principalmente por la gestión de residuos en una isla donde la sostenibilidad y la protección del entorno natural son temas de vital importancia. La reciente resolución del TSJC responde a un recurso presentado por la federación ecologista Ben-Magec, que cuestionó la exclusión de ciertas obras del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Según la sentencia, las obras que deben ser sometidas a este estudio incluyen la mejora de la planta de clasificación, prensa y rechazos, así como la planta de lixiviados. En cambio, la nueva celda de transición podrá continuar sin evaluación, lo que ha generado reacciones mixtas entre los grupos ecologistas y las autoridades locales.

Controversia por la gestión de residuos

Los ecologistas habían recurrido un decreto de 2023 emitido por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, que eximía a las tres actuaciones de la evaluación ambiental. En lugar de ello, el decreto establecía otras medidas ambientales sustitutorias. Ben-Magec argumentó que el Ejecutivo utilizó “indebidamente una vía excepcional” al alegar la urgencia de las obras, lo que pone en tela de juicio la transparencia y rigurosidad de los procesos administrativos relacionados con el medio ambiente.

“La excepción no puede convertirse en una vía ordinaria de sustitución de la evaluación ambiental”, señaló el tribunal.

La urgencia de las obras se debe a que los vasos del vertedero se están colmatando, lo que ha llevado a la necesidad de ampliar el complejo. Sin embargo, los ecologistas subrayan que esta situación ya era previsible desde 2018, lo que pone en duda la gestión del Gobierno de Canarias y plantea interrogantes sobre la planificación a largo plazo de la infraestructura de residuos en la isla.

Argumentos del Gobierno de Canarias y del Cabildo

Durante las audiencias, el Gobierno de Canarias defendió su decisión al alegar que existía un riesgo para la salud pública y el medio ambiente que justificaba la actuación inmediata. Aunque reconoció la necesidad de realizar la evaluación, argumentó que la emergencia permitía omitirla temporalmente. Sin embargo, este argumento ha sido cuestionado por los grupos ecologistas y parte de la población local, quienes consideran que la salud pública no debe estar reñida con la protección ambiental.

Por su parte, el Cabildo de La Palma, que figura como codemandado en el proceso, rechazó cualquier acusación de “pasividad o negligencia”. Atribuyó los retrasos en las obras a factores técnicos, administrativos y sobrevenidos, incluyendo la pandemia de COVID-19 y la erupción volcánica de 2021. Esta respuesta ha generado un debate sobre la capacidad de gestión del Cabildo, especialmente en situaciones de crisis donde la rápida acción es crucial.

El Cabildo enfatizó que la situación actual del vertedero requiere una respuesta rápida y eficaz, aunque los ecologistas mantienen que la planificación debió haberse llevado a cabo con anterioridad. Esta decisión del TSJC no solo afecta a la gestión de residuos en La Palma, sino que también abre un debate sobre la importancia de las evaluaciones ambientales en proyectos de infraestructura que impactan el entorno.

Consecuencias y futuro del complejo de Los Morenos

La resolución se presenta como un precedente importante en la lucha por la protección ambiental en las Islas Canarias. La presión por parte de los grupos ecologistas podría llevar a un cambio en cómo se gestionan futuras obras en la isla. La necesidad de una evaluación ambiental adecuada podría imponer restricciones a los planes de expansión del complejo y obligar a las autoridades a replantear sus estrategias en materia de gestión de residuos. Además, este caso podría sentar un precedente para otras islas del archipiélago, enfatizando la importancia de la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental en la toma de decisiones gubernamentales.