La justicia canaria enfrenta una sobrecarga migratoria insostenible

Un panorama desolador para la justicia migratoria

La justicia en Canarias enfrenta un reto monumental. Según la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), publicada recientemente, se necesitarían nueve años sin nuevos casos para eliminar la bolsa de asuntos pendientes en materia de migración. Este informe, correspondiente a 2025, destaca la grave sobrecarga que sufren los órganos judiciales del archipiélago, especialmente en la jurisdicción contencioso-administrativa.

A pesar de que Canarias ha visto una disminución del 62% en la llegada de migrantes a sus costas en 2025, esta reducción no ha aliviado la presión sobre los juzgados. De hecho, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo, con sede en Santa Cruz de Tenerife, acumula ya más de 10.000 recursos de apelación, el 97% de los cuales están relacionados con órdenes de devolución de migrantes que llegaron por vía marítima.

Datos alarmantes sobre la carga judicial

El TSJC ha alertado que el módulo de entrada de asuntos para esta sección se elevó a 509,3% en el último año, un dato que indica que la carga de trabajo es más de cinco veces superior a lo considerado normal, que se sitúa en el 100%. Esta situación ha llevado al Tribunal a recomendar el estudio para la creación de nuevos órganos judiciales, dado que más allá del 130% se considera insostenible.

"La carga de trabajo es alarmante y requiere medidas urgentes para evitar el colapso del sistema judicial", afirmó un portavoz del TSJC.

Comparativamente, el módulo de entrada de asuntos a nivel nacional fue de 85,2%, lo que significa que la sala tinerfeña está 424 puntos por encima de la media estatal. Esta situación pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el sistema judicial canario, que se mantiene como líder en litigiosidad en toda España.

Impacto en la población y posibles soluciones

La sobrecarga de los juzgados tiene un impacto directo en los migrantes y sus familias, quienes enfrentan largos períodos de espera para la resolución de sus casos. La falta de recursos y la acumulación de asuntos pendientes pueden generar situaciones de vulnerabilidad y desamparo legal. A menudo, estas personas no cuentan con el apoyo necesario para navegar por un sistema que se muestra cada vez más ineficaz ante la cantidad de casos.

Ante este escenario, se plantean varias medidas que podrían contribuir a aliviar la carga:

• Incrementar el número de jueces y personal administrativo en las salas sobrecargadas.
• Implementar sistemas de mediación para resolver casos de manera más ágil.
• Revisar y simplificar los procedimientos judiciales relacionados con la migración.

La situación actual demanda una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades judiciales y gubernamentales para garantizar el acceso a la justicia de los migrantes en Canarias. Sin un cambio significativo, la justicia en el archipiélago podría continuar enfrentando un colapso inminente. Además, es necesario un enfoque integral que aborde tanto la llegada de migrantes como la capacidad del sistema judicial para manejarlos, evitando que la justicia se convierta en un proceso interminable y lleno de incertidumbre.