La unidad de la izquierda critica el proyecto turístico de Puerto Naos
Las claves
- La Unidad de la Izquierda presenta alegaciones contra el proyecto turístico.
- El proyecto vulnera leyes sobre acceso a la información y dominio público.
- Se critica la falta de seriedad en la elaboración del proyecto.
Críticas al proyecto turístico
La Unidad de la Izquierda, una coalición que incluye a Nueva Canarias, Podemos, SSP e Izquierda Unida Canaria, ha manifestado su oposición al proyecto turístico en Puerto Naos, La Palma. En un comunicado, los representantes de estos partidos han calificado el proyecto como un “completo disparate” y han argumentado que está diseñado únicamente para ser utilizado como herramienta electoral por Coalición Canaria, el partido en el poder en la isla.
“Una vez leído el texto por parte de los distintos partidos y técnicos independientes, se confirma que el proyecto no tiene pies ni cabeza”, afirmó un portavoz de la coalición. Aseguraron que el documento presenta “una cantidad de errores, fallos, incoherencias y dislates” que resultarían inaceptables incluso para estudiantes de Derecho. Este tipo de críticas resuenan en un contexto local donde la planificación urbana y la protección del medio ambiente son temas sensibles, especialmente tras el impacto que han tenido desastres naturales recientes en la isla, como la erupción del volcán de Cumbre Vieja en 2021.
“Presentar un documento así debería sonrojar a cualquier estudio de arquitectura con un mínimo de seriedad”
Motivos de las alegaciones
La coalición ha expuesto varios motivos en sus alegaciones al proyecto. El primero de ellos es la “nulidad por falta de acceso al expediente”. Según la Unidad de la Izquierda, el plazo de información pública se abrió sin garantizar un acceso real a la documentación necesaria para evaluar el proyecto. Se indicó que se solicitó el expediente completo el 18 de agosto y que no se ha obtenido respuesta, lo que vulneraría el artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015 y el artículo 83 de la Ley del Suelo de Canarias. Es crucial que los ciudadanos tengan acceso a la información para poder participar activamente en el proceso de toma de decisiones que afecta a sus vidas y a su entorno.
El segundo motivo de alegación hace referencia a la “privatización de la playa de Charco Verde”. Los críticos señalan que el diseño del proyecto incluye edificaciones en primera línea sobre esta playa, lo que dificultaría el acceso público. “El dominio público marítimo-terrestre no se puede privatizar”, subrayaron, añadiendo que los accesos quedarían encajados entre complejos turísticos privados, sin garantizar estacionamientos o accesos peatonales cada 500 metros, como exige la normativa vigente. Este aspecto es particularmente preocupante ya que Charco Verde es un lugar apreciado por los residentes y visitantes, y su acceso es considerado un derecho fundamental por parte de la comunidad.
Repercusiones para la comunidad
La oposición al proyecto no solo proviene de la Unidad de la Izquierda, sino que también ha suscitado preocupación entre los residentes de Puerto Naos y sus alrededores. La privatización potencial de la playa de Charco Verde podría limitar las posibilidades de disfrute de este espacio natural por parte de la comunidad local. La falta de acceso a la información también ha generado desconfianza y descontento entre los vecinos, quienes ven el proceso como poco transparente. En un lugar donde el turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos, la comunidad teme que proyectos como este prioricen los intereses económicos de unos pocos sobre el bienestar colectivo.
La Unidad de la Izquierda ha instado a las autoridades a reconsiderar el proyecto y a garantizar que se respeten los derechos de acceso y disfrute del dominio público, así como a realizar un análisis más riguroso y transparente de los planes propuestos. La situación sigue evolucionando y se espera que la Junta de Gobierno del Cabildo de La Palma tome en cuenta las alegaciones presentadas antes de continuar con el desarrollo del proyecto. La respuesta de las autoridades será crucial, no solo para el futuro de Puerto Naos, sino también para la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y en la gestión de sus recursos.
