El Ejecutivo canario aprobó este miércoles en Consejo de Gobierno un decreto que fija en el 10% el porcentaje máximo de viviendas de uso turístico permitidas sobre el total del parque residencial de cada municipio. La norma, que entra en vigor en 90 días, convierte a Canarias en la primera comunidad autónoma española en establecer un límite numérico vinculante para este tipo de alojamiento.
El decreto incluye un sistema de «zonas de saturación» que los ayuntamientos deberán delimitar antes del 31 de diciembre. En esas áreas —principalmente centros históricos y barrios costeros donde el porcentaje ya supera el umbral— quedará prohibida la concesión de nuevas licencias. Las licencias ya otorgadas no se verán afectadas, pero no podrán renovarse si el propietario cambia.
El presidente del Gobierno canario defendió la medida como «imprescindible para que los canarios puedan acceder a una vivienda» y respondió a las críticas del sector turístico recordando que el archipiélago tiene más de 150.000 plazas en alojamientos reglados. «No nos quedamos sin turismo; simplemente evitamos que el turismo se coma el tejido residencial», subrayó.
La reacción del sector
Las principales plataformas de alquiler vacacional anunciaron que estudiarán recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional, argumentando que invade competencias del Estado en materia de libre ejercicio de actividad económica. Los propietarios de viviendas turísticas, agrupados en varias asociaciones insulares, convocaron una protesta para el próximo sábado en Santa Cruz de Tenerife.
«El problema del alquiler en Canarias no lo han creado los turistas, sino la falta de suelo público y de promoción pública de vivienda»
Sin embargo, los sindicatos y las asociaciones de inquilinos aplaudieron la norma. La plataforma «Canarias no está en venta» calificó el decreto como «un primer paso insuficiente pero necesario» y reclamó que el umbral se rebaje al 5% en municipios como Los Realejos, Arona o San Bartolomé de Tirajana, donde la presión vacacional supera el 20%.
El precio del alquiler, detonante
Según datos del Instituto Canario de Estadística, el alquiler residencial en el archipiélago ha subido un 38% en los últimos cuatro años, muy por encima de la media nacional. En municipios turísticos como Adeje o Mogán, la renta media supera los 1.400 euros mensuales para un piso de dos habitaciones, una cifra que multiplica por dos el salario mediano en esos mismos municipios.
El decreto también crea un registro autonómico unificado de viviendas turísticas —hasta ahora disperso entre registros insulares y municipales incompatibles entre sí— y prevé sanciones de hasta 60.000 euros para los propietarios que operen sin licencia o que incumplan las condiciones de su habilitación.
