Canarias presenta reforma de la ley del suelo para agilizar la vivienda

Presentación en el Parlamento

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, presentó este miércoles en el Parlamento el proyecto de reforma de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos. Esta iniciativa busca responder a la emergencia habitacional que enfrenta el Archipiélago y agilizar la planificación urbanística, además de reforzar la protección del territorio canario.

Durante el debate de primera lectura, Miranda enfatizó la necesidad de actualizar la normativa vigente desde 2017. Este cambio es fundamental para enfrentar los nuevos desafíos que presenta la región, como el acceso a la vivienda, la presión urbanística y el cambio climático. “Canarias debe actuar ya. Tenemos que intervenir para garantizar la mejor protección del territorio allá donde sea necesario”, afirmó el consejero.

Contexto local: la crisis de la vivienda en Canarias

La situación de la vivienda en Canarias ha sido un tema recurrente en los últimos años, con un aumento significativo de los precios tanto en el mercado de compra como en el de alquiler. Según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), en 2022, el precio de la vivienda en las Islas se incrementó un 8,5%, lo que ha llevado a muchas familias a buscar soluciones alternativas. La escasez de oferta y la creciente demanda han creado un escenario de emergencia que ha llevado al Gobierno a tomar medidas decisivas.

Además, la llegada masiva de turistas y la creciente demanda de viviendas vacacionales han intensificado la presión sobre el mercado residencial. La reforma presentada busca abordar estos desafíos y ofrecer una solución a corto y largo plazo.

Medidas para facilitar la vivienda

El proyecto de reforma incluye importantes medidas para facilitar la construcción de vivienda, especialmente la vivienda protegida. Entre las propuestas destaca la reducción de cargas administrativas para las actuaciones de reforma y renovación en suelo urbano ya transformado. Esto tiene como objetivo incentivar la construcción de nuevas viviendas en áreas que ya han sido urbanizadas.

Otra de las medidas relevantes es el aumento del porcentaje de cesión obligatoria a la comunidad en concepto de participación en las plusvalías urbanísticas. Este porcentaje pasará del 10% actual al 15%, lo que permitirá un mayor ingreso a las arcas públicas para destinar a proyectos de interés social, tales como la construcción de infraestructuras y servicios básicos que beneficien a la comunidad.

Además, se establece que la clasificación de nuevo suelo urbanizable deberá ir acompañada de la desclasificación de una superficie equivalente. Esta medida busca contener la expansión urbanística y preservar áreas naturales, algo que ha suscitado preocupación entre los ecologistas y defensores del medio ambiente en el Archipiélago.

Reducción de trámites y plazos

Con la reforma también se propone una drástica reducción en los plazos para la emisión de informes y la resolución de procedimientos urbanísticos. Se plantea acortar a la mitad los tiempos de tramitación de estos procesos, lo que se espera que contribuya a un desahogo administrativo que beneficie tanto a promotores como a ciudadanos. Esta medida podría significar un avance significativo en la rapidez con la que se pueden llevar a cabo proyectos de vivienda, algo fundamental en un contexto de crisis.

En cuanto a las infracciones urbanísticas, la reforma contempla una elevación de la sanción mínima de 60 a 300 euros, con el fin de reforzar el cumplimiento de la normativa y proteger el territorio canario de prácticas irregulares que puedan afectar su integridad. Esta medida es parte de un esfuerzo mayor por parte del Gobierno para asegurar un desarrollo urbano sostenible y responsable.

“La reforma busca responder a la emergencia habitacional y reducir los obstáculos administrativos que retrasan los proyectos urbanísticos”, afirmó Manuel Miranda.

El proceso de deliberación y posible aprobación

El proyecto, que ha sido resultado de un amplio proceso de diálogo con más de 700 profesionales y expertos de diversas administraciones, será ahora debatido y votado en el Parlamento. El Gobierno ha solicitado su tramitación de urgencia, lo que podría acelerar su aprobación y puesta en marcha. Es importante que los ciudadanos se mantengan informados sobre este proceso, ya que la reforma tendrá un impacto directo en el acceso a la vivienda en las próximas décadas.

Esta reforma se presenta como una respuesta integral a la creciente demanda de vivienda en Canarias y tiene como objetivo facilitar el acceso a la misma, al tiempo que se protege el patrimonio natural del Archipiélago. Los detalles y la implementación de esta reforma serán seguidos de cerca por los ciudadanos y las distintas administraciones locales, ya que el éxito de esta iniciativa dependerá de la colaboración entre todos los actores involucrados.