La plataforma por el 5% exige aumentar la inversión en educación en Canarias

Oportunidad histórica para la educación

La Plataforma por el 5% para la Educación ha hecho un llamado urgente al Gobierno de Canarias para que aproveche la nueva financiación autonómica, que se prevé que aporte aproximadamente 1.300 millones de euros anuales una vez sea aprobada en el Congreso. Este incremento se considera una “oportunidad histórica” para cumplir con la Ley Canaria de Educación, que establece que el gasto en educación debe alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago. Sin embargo, esta meta no se ha logrado hasta la fecha.

Desde su aprobación en 2014, la Ley Canaria de Educación ha sido vista como un marco fundamental para la mejora del sistema educativo en las Islas. Sin embargo, en los últimos años, la situación ha generado un creciente descontento entre la comunidad educativa, que percibe que el compromiso con la educación ha ido disminuyendo. La Plataforma por el 5% argumenta que, si se destinan los recursos adecuados, es posible no solo alcanzar el 5% del PIB, sino también transformar la educación pública en Canarias.

Según la plataforma, este objetivo es posible si se asigna una parte de las transferencias del Estado a la educación, especialmente a partir de 2027. En la actualidad, el porcentaje de inversión en educación ha decrecido desde la última legislatura. La organización recuerda que Extremadura, por ejemplo, ha mantenido una inversión educativa superior al 5% de su PIB durante dos décadas, lo que ha permitido mejoras en la inclusión y la diversidad en las aulas, además de la modernización de infraestructuras educativas.

Demandas concretas y contexto actual

La propuesta de la Plataforma por el 5% incluye la necesidad de aumentar el presupuesto educativo en 800 millones de euros para 2027. Esta cifra se deriva de los fondos adicionales que se recibirían del nuevo modelo de financiación. La organización considera que el cumplimiento de esta meta depende en gran medida de las “prioridades y voluntad política” del Gobierno regional.

El consejero de Educación de Canarias, Poli Suárez, ha afirmado que el Gobierno está trabajando para alcanzar el “presupuesto más alto de la historia” en el ámbito educativo. Sin embargo, la Plataforma sostiene que, a pesar de que el gasto en educación ha aumentado en términos absolutos, en términos porcentuales respecto al PIB, este ha disminuido. La necesidad de un cambio estructural en la financiación educativa es evidente, y el compromiso del Gobierno se pone a prueba en este contexto.

“Alcanzar el 5% del PIB destinado a educación es factible, pero requiere un compromiso firme por parte del Gobierno”, afirma la Plataforma por el 5%.

Reacciones y expectativas

El debate sobre el presupuesto autonómico para 2027 se encuentra en pleno desarrollo y la comunidad educativa espera que las demandas de la Plataforma sean escuchadas. La Ley Canaria de Educación, aprobada en 2014, estableció un plazo de ocho años para alcanzar el objetivo del 5% del PIB, un plazo que ha expirado sin que se haya logrado. Este contexto ha generado una creciente preocupación entre los docentes y las familias sobre el futuro de la educación pública en Canarias.

Este sentimiento ha sido compartido por sindicatos docentes y asociaciones de padres, que han manifestado su descontento en varias ocasiones, exigiendo que se priorice la educación en el diseño del presupuesto. A medida que se acerca la fecha de aprobación del nuevo presupuesto, las expectativas son altas, pero la incertidumbre persiste entre los actores involucrados.

La Plataforma por el 5% espera que la discusión sobre la financiación autonómica impulse al Gobierno a priorizar la educación en sus decisiones presupuestarias. La falta de cumplimiento de la ley vigente ha dejado a muchos en la comunidad educativa con la sensación de que se han desperdiciado oportunidades anteriores para mejorar el sistema educativo.

Las afirmaciones de la Plataforma resaltan el hecho de que la inversión en educación no solo es un asunto de números, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de la enseñanza y el bienestar de los estudiantes en las Islas Canarias. En este sentido, el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación podría significar un avance significativo en la atención a la diversidad, la mejora de las infraestructuras educativas y la reducción de las ratios en las aulas.

Este llamado se produce en un momento crítico, ya que Canarias se enfrenta a desafíos significativos en su sistema educativo, que van desde la necesidad de modernizar las instalaciones hasta garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. La lucha por el 5% es más que un objetivo financiero; es un paso hacia un futuro educativo más inclusivo y equitativo para todos los jóvenes canarios.