Más de 60 centros educativos en Canarias sin espacio para nuevas aulas

La reducción de ratios en los centros educativos

Canarias se enfrenta a un desafío significativo en el ámbito educativo. Un total de 68 centros educativos en el Archipiélago deberán adaptarse a una reducción histórica del número de alumnos por aula. Este cambio está previsto por el Ministerio de Educación y se enmarca dentro de un proyecto de ley que, aunque aún está pendiente de tramitación parlamentaria, otorga a las comunidades autónomas más de cinco años para implementarlo. Sin embargo, las Islas han decidido acelerar su propio calendario, con la intención de culminar la adaptación antes del inicio del curso 2027/2028.

La actual situación educativa en Canarias ha despertado preocupaciones entre padres, educadores y responsables políticos. Según informó el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, la implementación de esta medida en Canarias tendrá un coste de 92.190.000 euros y requerirá la creación de 1.184 grupos adicionales. Este esfuerzo es parte de un compromiso más amplio del Gobierno de Canarias para mejorar la calidad educativa y garantizar que los alumnos reciban una atención más personalizada, tal como se refleja en los últimos informes sobre el estado de la educación en el Archipiélago.

Desafíos en la infraestructura educativa

A pesar de las buenas intenciones, muchos de estos 68 centros enfrentan un reto considerable: la falta de espacio para crear nuevas aulas. La mayoría de estos centros se localizan en el sur de Tenerife, así como en áreas de Fuerteventura y Lanzarote, donde el crecimiento poblacional ha puesto a prueba la capacidad de las instalaciones educativas existentes. En localidades como Arona y Adeje, la demanda de plazas escolares ha aumentado en los últimos años debido a la llegada de nuevas familias, lo que ha llevado a que muchas escuelas operen con una alta densidad de alumnos.

En situaciones donde no es posible reorganizar los espacios o edificar nuevas aulas, el Gobierno ha establecido alternativas. “Como en estos casos es más complejo crear nuevos grupos, se han facilitado recursos adicionales”, explicó Cabrera. Esto implica que, en lugar de dividir grupos para cumplir con la ratio, se asignará profesorado de apoyo para trabajar dentro del aula mediante docencia compartida. Esta metodología, aunque no sustituye la creación de nuevas aulas, busca garantizar que los estudiantes sigan recibiendo la atención adecuada y que la calidad educativa no se vea comprometida.

Medidas adoptadas y su impacto

Los criterios de planificación y escolarización diseñados para esta reducción de ratios incluyen la posibilidad de asignar horas de apoyo en casos excepcionales. Esto asegura que los alumnos sigan recibiendo la atención necesaria, a pesar de las limitaciones de espacio. Se espera que estas medidas, aunque temporales, contribuyan a mejorar la experiencia educativa en un contexto donde la presión sobre los recursos es cada vez mayor.

Esta medida responde a un contexto en el que el número de alumnos por aula en Canarias ha sido históricamente elevado. Según datos del último informe sobre el sistema educativo canario, las aulas en muchas escuelas superaban el umbral recomendado de alumnos, lo que ha generado preocupaciones sobre la calidad educativa. La iniciativa busca revertir esta tendencia y mejorar el entorno de aprendizaje, aunque el impacto inmediato se sentirá en las comunidades donde los centros educativos no tienen la infraestructura adecuada para soportar estos cambios.

El gobierno canario ha subrayado su compromiso con la educación y el bienestar de los estudiantes, pero queda por ver cómo se implementarán estas medidas en la práctica y si serán suficientes para mitigar los problemas que enfrentan las escuelas en áreas de rápido crecimiento. A medida que se avanza hacia el año 2027, es fundamental que se realicen evaluaciones periódicas para garantizar que estas acciones están cumpliendo sus objetivos.

La situación plantea un desafío no solo para los responsables educativos, sino también para las familias y comunidades afectadas, que deberán adaptarse a un nuevo modelo educativo en un contexto de limitaciones físicas. Las comunidades locales, junto con el gobierno, tendrán que colaborar para encontrar soluciones creativas que permitan mantener un nivel educativo adecuado y responder a las crecientes necesidades de la población estudiantil.