Ascav critica la ley de vivienda vacacional en Canarias

La situación actual de la vivienda vacacional en Canarias

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) ha presentado un informe que pone de relieve la situación del mercado de vivienda vacacional en Canarias, desde la entrada en vigor de la Ley 6/2025 en diciembre de 2025. El informe, basado en datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que la normativa no ha logrado su objetivo de mejorar el acceso a la vivienda, a pesar de la expulsión de "miles de familias" del sector turístico.

Los efectos de esta ley han sido particularmente notables en un contexto donde el turismo representa una parte fundamental de la economía canaria. La importancia del sector turístico ha crecido en los últimos años, y la vivienda vacacional se ha consolidado como una opción atractiva tanto para turistas como para propietarios que buscan generar ingresos adicionales. Sin embargo, la Ley 6/2025 ha limitado drásticamente las opciones disponibles, haciendo que muchos propietarios se replanteen su participación en el mercado vacacional.

Según ASCAV, el mercado de alquiler residencial no ha cambiado significativamente y los precios continúan en aumento. La asociación califica a la ley como una "ley de exterminio de la vivienda vacacional", argumentando que el análisis presentado por el Gobierno de Canarias no se corresponde con los datos reales.

Impacto de la normativa en los propietarios

La normativa ha llevado a muchos propietarios a abandonar la actividad de alquiler vacacional, lo que, según ASCAV, no se traduce en una mejora del acceso a viviendas. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre en el que muchos propietarios y potenciales inquilinos se sienten desprotegidos. La asociación sostiene que la vivienda vacacional es un complemento de renta para miles de familias que contribuyen a la economía local. "Este sector genera actividad económica en otras áreas y representa una fuente de ingresos significativa para muchas personas en las islas", explicaron sus portavoces en la rueda de prensa.

"La ley no ha logrado facilitar el acceso a la vivienda y ha perjudicado a miles de familias que dependen del alquiler vacacional".

Por otro lado, desde la entrada en vigor de la ley, la asociación ha visto cómo se ha incrementado la tensión en el ámbito político, con críticas sobre la forma en que se tramitó la normativa en el Parlamento. En este sentido, ASCAV destacó que la enmienda transaccional número 92, impulsada por la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y respaldada por PSOE, Nueva Canarias y Vox, fue aprobada el 9 de julio en comisión parlamentaria, pero aún no ha sido implementada.

Reacciones y próximos pasos

La enmienda 92 es considerada por ASCAV como la única solución viable para salvar a numerosas familias afectadas por la ley. Sin embargo, la falta de acción por parte de las instituciones ha generado incertidumbre. La asociación solicitó al Gobierno canario que se tome en serio la situación y actúe de manera rápida para atender las necesidades de los afectados.

La controversia en torno a la vivienda vacacional se ha intensificado en las Islas Canarias, y la presión sobre las instituciones para buscar soluciones efectivas aumenta. La falta de respuesta a las enmiendas propuestas podría tener un impacto negativo en la economía local y en la calidad de vida de muchas familias en las islas, que dependen de esta actividad para su sustento.

Consecuencias para la economía local

La situación actual del mercado de vivienda vacacional en Canarias tiene implicaciones directas para la economía local. En un archipiélago donde el turismo es una de las principales fuentes de ingresos, la restricción de la oferta de viviendas vacacionales puede llevar a un descenso en el número de turistas que eligen las Islas como destino. Esto, a su vez, impactaría negativamente en sectores complementarios como la restauración, el comercio y otros servicios que dependen de la afluencia turística.

Además, el aumento de los precios de alquiler en el mercado residencial, a pesar de la reducción de la oferta de alquiler vacacional, sugiere que las soluciones propuestas hasta ahora no están abordando las necesidades reales de la población. La falta de vivienda asequible en un contexto donde la demanda sigue siendo elevada puede generar tensiones sociales y económicas que afecten la cohesión de las comunidades locales.

Por tanto, es imperativo que las autoridades canarias reconsideren su enfoque hacia la legislación en materia de vivienda vacacional y busquen un equilibrio que beneficie tanto a propietarios como a inquilinos, asegurando así la sostenibilidad del sector turístico y la calidad de vida de los residentes.