Canarias solicita que la regulación universitaria respete su realidad insular

Las aportaciones de Canarias a la normativa estatal

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, bajo la dirección de Migdalia Machín, ha presentado sus aportaciones a la consulta pública previa sobre la reforma de la normativa estatal que regula la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. Este proceso es fundamental para definir cómo se estructurará la educación superior en el archipiélago en los próximos años.

Machín ha enfatizado la necesidad de que el Estado respete las competencias autonómicas, recordando que la realidad territorial de Canarias, caracterizada por la insularidad y la lejanía, debe ser considerada en la futura normativa. “Compartimos la necesidad de reforzar las garantías de calidad del sistema universitario. Para hacerlo, el Estado debe respetar las competencias de Canarias y establecer condiciones que tengan en cuenta nuestra realidad territorial”, afirmó la consejera.

Requisitos ajustados a la insularidad

En sus aportaciones, la Consejería ha expresado su preocupación por la implementación de un mínimo uniforme de estudiantes como requisito para la creación de nuevas universidades. Este estándar, según Machín, podría perjudicar a los territorios menos poblados del archipiélago, dificultando la posibilidad de que estas áreas accedan a una educación superior adecuada.

La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad Universitaria también ha cuestionado el uso de la enseñanza virtual o híbrida como criterio para transferir competencias al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades respecto a las universidades canarias. Machín ha defendido que las comunidades autónomas tienen la capacidad de gestionar estas instituciones de acuerdo con los requisitos estatales de calidad, así como sucede con las universidades presenciales.

El Estatuto de Autonomía y la educación universitaria

Canarias recuerda que su Estatuto de Autonomía le otorga competencias específicas en materia de enseñanza universitaria. Este marco legal es fundamental para garantizar que las universidades canarias puedan operar de manera efectiva, respetando las particularidades del archipiélago.

Las aportaciones presentadas por el Gobierno de Canarias también incluyen observaciones formuladas por el Consejo de Estado en la tramitación de la norma anterior, que advirtió que la mera impartición de formación virtual o híbrida no es suficiente para establecer la calidad de las instituciones. Este aspecto es clave para asegurar que la educación en las islas mantenga estándares de calidad adecuados y que se adapte a las necesidades de la población canaria.

Importancia de una educación superior accesible

La accesibilidad a la educación superior es un tema crucial en Canarias, donde la dispersión geográfica y la baja densidad de población en algunas islas pueden limitar las oportunidades educativas. La Consejería destaca que la creación de universidades debe considerar las necesidades específicas de cada isla, promoviendo un desarrollo equilibrado y equitativo en todo el archipiélago.

Además, el acceso a la educación superior en un contexto insular puede influir directamente en el desarrollo económico y social de las comunidades locales. Una formación universitaria adecuada puede contribuir a la retención del talento y a la creación de empleo en sectores clave para la economía canaria, como el turismo, la tecnología y la sostenibilidad.

Consecuencias de una regulación desfavorable

Si la normativa estatal no toma en cuenta estas realidades insulares, las islas menos pobladas podrían enfrentar dificultades adicionales en la creación de centros de educación superior. Esto podría resultar en un aumento de la despoblación en áreas rurales, así como en un mayor acceso limitado a la formación de calidad, lo que a su vez podría afectar la cohesión social y el desarrollo sostenible del archipiélago.

En definitiva, la Consejería de Universidades busca que la futura regulación no solo respete las competencias autonómicas, sino que también se ajuste a la realidad de un archipiélago caracterizado por su diversidad y particularidades geográficas. Es un llamado a la reflexión sobre cómo se puede construir un sistema educativo que funcione para todos los canarios, garantizando tanto la calidad como la accesibilidad en la educación superior.