Cinco años de la ley de eutanasia en Canarias: un derecho en evolución

Un derecho que comienza a ser conocido

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021, conocida como LORE, ha marcado un hito en la regulación de la eutanasia en Canarias. Desde entonces, el conocimiento sobre su aplicación ha ido creciendo, aunque aún queda camino por recorrer para que este derecho sea plenamente reconocido y comprendido por la población. La LORE, que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido en España, ha sido discutida intensamente en la opinión pública y política, generando debates sobre la ética y la moralidad de estas prácticas.

La implantación de la norma ha requerido un esfuerzo considerable por parte de la Administración sanitaria, quienes han trabajado en coordinación con profesionales asistenciales y equipos técnicos. En este proceso, la Comisión de Garantía y Evaluación de Canarias ha sido fundamental, ofreciendo apoyo y asesoramiento constante a los profesionales involucrados en los procedimientos previstos por la Ley. Este organismo no solo garantiza que se cumplan las normativas, sino que también actúa como un puente entre los profesionales de la salud y los pacientes, asegurando que la información y los procesos sean claros y accesibles.

“Este esfuerzo colectivo ha permitido construir un modelo de colaboración que fortalece la seguridad jurídica del procedimiento y sitúa en el centro a las personas.”

Desarrollo organizativo y retos en la aplicación

La legislación ha permitido que, en su primer lustro, se consolide un modelo organizativo en torno a la prestación de ayuda para morir. Las Unidades de Apoyo a la Prestación de Ayuda para Morir (UAPAM) han sido clave en este proceso. Estas unidades han acompañado a médicos responsables y consultores, facilitando la correcta tramitación de los expedientes y resolviendo dudas que han surgido a lo largo de la aplicación de la ley. La formación continua de los profesionales es esencial para brindar un servicio adecuado y humano, dado el contexto delicado en el que se desarrolla este proceso.

A pesar de los avances, la implementación de la LORE no ha estado exenta de dificultades. La complejidad clínica y humana de la eutanasia ha exigido un aprendizaje constante y espacios de diálogo entre los distintos profesionales involucrados. Esta necesidad de coordinación se vuelve aún más crítica cuando se consideran las circunstancias de los solicitantes, quienes, en su mayoría, enfrentan enfermedades avanzadas y situaciones de extrema fragilidad. La sensibilidad hacia el dolor y sufrimiento ajeno es primordial en este contexto, y la formación en comunicación empática se ha vuelto un aspecto fundamental en la formación de los profesionales de la salud.

Datos y cifras sobre la eutanasia en Canarias

Desde su entrada en vigor, un total de 266 personas han solicitado la prestación de ayuda para morir en Canarias. En 2025, se registraron 60 solicitudes, de las cuales el 30% culminó con la realización de la prestación. Los motivos más comunes detrás de estas solicitudes están relacionados con enfermedades crónicas avanzadas, siendo la enfermedad oncológica el principal factor que lleva a los pacientes a considerar esta opción. La mayoría de estas solicitudes provienen de personas que enfrentan sufrimiento intenso y permanente, lo que subraya la importancia de abordar esta cuestión con sensibilidad y respeto.

La creciente madurez organizativa de la prestación de ayuda para morir en la comunidad autónoma ha sido un reflejo del compromiso de los profesionales que la gestionan. A medida que el conocimiento sobre la eutanasia se expande, también lo hace la necesidad de sensibilizar a la población sobre este derecho, un aspecto que aún requiere atención y esfuerzo por parte de las instituciones. En este sentido, campañas de concienciación podrían ser vitales para informar a la ciudadanía sobre sus derechos y la disponibilidad de estos servicios en el marco legal español.

Consecuencias y el camino a seguir

En conclusión, la Ley Orgánica 3/2021 ha permitido que Canarias disponga de un marco legal para la eutanasia, pero su efectividad depende de la continua formación y adaptación de los profesionales, así como de la sensibilización de la sociedad en su conjunto. El camino recorrido en estos cinco años es solo el inicio de un proceso que busca garantizar un derecho fundamental para aquellos en el final de sus vidas. La implementación de esta ley representa un avance significativo en la atención a la dignidad de los pacientes, pero también plantea desafíos éticos y prácticos que deben ser abordados con seriedad y compasión.

La evolución de este derecho en Canarias dependerá no solo de la legislación, sino también de la capacidad de la sociedad para debatir y comprender las implicaciones de la eutanasia. Es imperativo que se fomente un diálogo abierto y respetuoso sobre este tema, para que cada individuo pueda tomar decisiones informadas sobre su propia vida y muerte.