El PSOE critica el bloqueo de la compra de viviendas protegidas en Canarias

El bloqueo del Decreto 1/2023

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha denunciado la situación de cerca de 10.000 familias en Canarias que no pueden acceder a la compra de las viviendas protegidas que ocupan desde hace años en régimen de alquiler. Según Franquis, el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, mantiene paralizado el procedimiento para aplicar el Decreto 1/2023, que fue aprobado durante el mandato de Ángel Víctor Torres con el objetivo de facilitar el acceso a la propiedad de estos inmuebles.

Franquis realizó estas afirmaciones tras reunirse con representantes de la Plataforma Ciudadana de Viviendas Sociales en Lucha y de la Plataforma 289 Vivienda por Derecho de Lomo de los Frailes. En este encuentro, se abordó la situación crítica de las familias afectadas, quienes llevan décadas viviendo en estas viviendas, pero ahora se ven imposibilitadas para comprarlas debido a la inacción del Ejecutivo regional.

Una normativa olvidada

El Decreto 1/2023, que aún se encuentra vigente, fue diseñado para actualizar el régimen anterior establecido en el Decreto 114/1999, con el fin de dotar de mayores garantías de seguridad jurídica y transparencia al proceso de compra de viviendas protegidas. Sin embargo, Franquis sostiene que el actual Gobierno no solo ha dejado de aplicar esta normativa, sino que ha decidido “guardar en un cajón” el decreto sin realizar modificaciones o derogaciones que justifiquen su falta de acción.

“Fernando Clavijo ha decidido guardar en un cajón un decreto que sigue plenamente vigente”, declaró Franquis.

El portavoz socialista argumenta que esta falta de acción no se debe a impedimentos legales, sino que responde a decisiones políticas que han dejado a miles de familias en una situación de incertidumbre. Franquis ha cuestionado las notificaciones enviadas por la empresa pública VISOCAN a los residentes, donde se informa de la ausencia de previsión para ofertar la venta de ciertas promociones. Para el PSOE, esto es un claro indicio de que el Ejecutivo no está cumpliendo con su responsabilidad de facilitar el acceso a la propiedad de estas viviendas.

Impacto en las familias canarias

La situación es especialmente grave para aquellas familias que han vivido en régimen de alquiler durante años, con la esperanza de poder adquirir su vivienda. Franquis ha subrayado que el Gobierno debe actuar de inmediato para garantizar el derecho a la vivienda y permitir que estas familias puedan comprar las viviendas en las que residen.

La oposición ha intensificado su presión sobre el Ejecutivo regional, exigiendo que se priorice la aplicación del Decreto 1/2023 y se tomen las medidas necesarias para que las familias puedan acceder a la propiedad de sus hogares. La falta de respuestas claras por parte del Gobierno ha generado un sentimiento de frustración y desconfianza entre los afectados, quienes ven cómo la solución a su situación se aleja cada vez más.

Contexto de la crisis de vivienda en Canarias

La crisis de vivienda en Canarias no es un fenómeno nuevo. Durante años, la comunidad ha enfrentado un aumento constante en los precios de la vivienda, tanto en el mercado de alquiler como en la compra. Esta situación ha llevado a muchas familias a depender de viviendas protegidas, que ofrecen precios más asequibles. A pesar de esta necesidad, la burocracia y las decisiones políticas han dificultado el acceso a estas viviendas, dejando a miles de canarios en una situación precaria.

Consecuencias del bloqueo

El bloqueo del Decreto 1/2023 no solo afecta a las 10.000 familias directamente involucradas, sino que tiene implicaciones más amplias para la sociedad canaria. La imposibilidad de acceder a la propiedad puede conducir a un aumento en la inestabilidad social y económica, ya que las familias se ven forzadas a permanecer en un ciclo de alquiler que no les proporciona seguridad a largo plazo.

Además, la falta de acción por parte del Gobierno podría erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, lo que a su vez puede generar un descontento social que se manifieste en protestas y movilizaciones. La cuestión de la vivienda es fundamental en el contexto actual, donde el derecho a un hogar digno se ha convertido en un tema de debate crucial en la agenda política y social de las islas.

La necesidad de un cambio

Ante la situación crítica, se hace urgente que el Gobierno de Canarias reconsidere su postura y actúe para poner en marcha el Decreto 1/2023. La activación de esta normativa podría ser el primer paso hacia la solución de una problemática que afecta a miles de canarios. Un compromiso real con la política de vivienda no solo beneficiaría a las familias directamente afectadas, sino que también contribuiría a una sociedad más equitativa y justa.

En conclusión, el bloqueo de la compra de viviendas protegidas en Canarias es un tema que requiere atención y acción inmediata por parte del Ejecutivo regional. La esperanza de muchas familias depende de la capacidad del Gobierno para desbloquear este proceso y garantizar el derecho a la vivienda en la comunidad.