Familias de Gran Canaria exigen el cumplimiento de promesas de vivienda

Un compromiso incumplido desde 1999

La plataforma Vivienda por Derecho, que agrupa a familias de Lomos de Los Frailes, Jinámar y Valsequillo, ha denunciado el incumplimiento por parte del Gobierno de Canarias de los compromisos adquiridos hace más de 30 años. Estas familias, que llevan décadas viviendo en viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, exigen el derecho a acceder a la propiedad de sus hogares.

El próximo miércoles 2 de septiembre, de 11:00 a 13:00 horas, la plataforma ha convocado una movilización en Edificios Múltiples II, en Las Palmas de Gran Canaria. Según Joan Dylan Santana Sosa, miembro de Vivienda por Derecho, “No estamos pidiendo que nos regalen nada. Estamos reclamando nuestro derecho a acceder a la propiedad, tal y como se nos planteó en su momento”.

Documentación que respalda su reivindicación

La reivindicación de estas familias se apoya en varios documentos. Según la información proporcionada por la plataforma, en 1999 el entonces director general de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez, comprometió por escrito la posibilidad de compra de más de 7.000 viviendas de protección oficial, incluyendo las de estas familias. Este compromiso se formalizó aún más en 2003 a través de un anexo también firmado por el mismo director.

Asimismo, la plataforma menciona que estos compromisos están respaldados por el Decreto 114/1999, de 25 de mayo, y el Decreto 1/2023, de 19 de enero, que refuerzan su derecho a optar por la compra de estas propiedades. Estos documentos son cruciales, ya que constituyen la base legal que argumenta la legitimidad de sus demandas.

Precedentes y situación actual

Vivienda por Derecho argumenta que hay precedentes de familias en situaciones similares que han logrado acceder a la propiedad de sus viviendas. Esto se ha documentado en publicaciones del Boletín Oficial de Canarias, como en el BOC nº 127, de 30 de junio de 2023 y en el BOC nº 239, de 5 de diciembre. Estos antecedentes son vitales para demostrar que es posible cumplir con las promesas realizadas, y que la situación actual de estas familias no es un caso aislado.

Sin embargo, la situación actual es preocupante para los afectados. Recientemente han recibido comunicaciones de Visocan que indican que sus promociones aún no han sido ofertadas para la venta, lo que significa que deben continuar pagando el alquiler de sus hogares. Los afectados temen que los cambios normativos hayan dejado en suspenso la posibilidad de acceder a la propiedad de las viviendas que ocupan desde hace tanto tiempo.

“Llevamos 30 años cumpliendo nuestras obligaciones y el Gobierno de Canarias no cumple las suyas”.

El Gobierno de Canarias, por su parte, ha defendido que la vivienda pública debe permanecer en el parque público, especialmente en el contexto actual de emergencia habitacional que atraviesa la comunidad. Sin embargo, las familias que forman parte de Vivienda por Derecho insisten en que se les reconozca su derecho a la propiedad y que no se les continúe negando una opción que consideran legítima.

Consecuencias de la falta de acción

La falta de cumplimiento de estas promesas tiene consecuencias significativas para las familias afectadas. La incertidumbre sobre su futuro habitacional genera un estrés considerable, y el hecho de continuar pagando alquileres en propiedades que consideran suyas agrava aún más la situación. Esta movilización del 2 de septiembre se espera que sea un momento clave para que estas familias hagan escuchar su voz y reclamen lo que consideran un derecho que les ha sido prometido pero que aún no ha sido cumplido.

El futuro de la vivienda en Gran Canaria

La problemática de la vivienda en Gran Canaria no solo afecta a estas familias, sino que refleja un desafío más amplio que enfrenta la comunidad. Con una creciente demanda de vivienda asequible y un mercado que sigue siendo inaccesible para muchos, es imperativo que se tomen medidas efectivas para abordar esta crisis. La movilización del 2 de septiembre podría ser un punto de inflexión que impulse al Gobierno a actuar y cumplir con sus compromisos, no solo con estas familias, sino con todos los ciudadanos que buscan un hogar digno y accesible.