La familia de Cueva de la Negra pide investigar el operativo de desalojo

La familia de Cueva de la Negra pide investigar el operativo de desalojo

Las claves

  • La familia Roger pide investigar el desalojo en Cueva de la Negra.
  • El operativo del 21 de septiembre se paralizó por un defecto en la notificación.
  • Solicitan aclarar la cadena de mando y las condiciones del auto judicial.

Petición de investigación formal

La familia de Pascuala Roger Pérez ha dirigido un escrito a Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, solicitando una investigación sobre el operativo que tuvo lugar el pasado 21 de septiembre en Cueva de la Negra, Fuerteventura. Este dispositivo, que involucró a diversas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a personal de la Demarcación de Costas y de la empresa pública Tragsa, finalizó de manera abrupta debido a un defecto en la notificación.

Contexto local y antecedentes

Cueva de la Negra es una zona de Fuerteventura que ha sido objeto de disputas relacionadas con la propiedad y la regulación del uso del suelo. Históricamente, esta área ha sido un punto de interés para los desarrollos turísticos, lo que ha generado tensiones entre los propietarios locales y las autoridades que buscan preservar el entorno natural y regular la construcción en la isla. En este contexto, el desalojo del 21 de septiembre se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio para regularizar terrenos que, según la administración, no cumplen con la normativa vigente.

El auto del 28 de julio que autorizaba la entrada, demolición y reposición del terreno establecía varias condiciones. Entre ellas, que la actuación debía realizarse durante el día, con un preaviso de al menos cinco días y con la obligación de notificar al juzgado sobre la entrada y cualquier incidencia relacionada. La familia Roger exige aclarar quién fijó la fecha del operativo y quién fue responsable de verificar que se cumplieran todas las condiciones judiciales.

Condiciones del auto judicial

La familia Roger ha manifestado su preocupación por las irregularidades que pudieron haberse producido durante el operativo. En su escrito, solicitan determinar cómo se computó y acreditó el preaviso, así como quién consideró que se habían cumplido las condiciones establecidas en el auto judicial. Esta falta de claridad podría tener implicaciones legales y administrativas significativas no solo para el caso específico de Cueva de la Negra, sino también para otros desalojos que podrían llevarse a cabo en el futuro en el archipiélago canario.

Organismos implicados y responsabilidades

En el escrito también se solicita investigar la intervención de varios organismos. Entre ellos, la Dirección General de la Costa y el Mar, dirigida por Ana María Oñoro Valenciano, y la Delegación del Gobierno en Canarias, encabezada por Anselmo Pestana. La familia pide esclarecer qué instrucciones recibieron los distintos organismos y servicios movilizados durante el operativo.

El jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, Alberto Martín Coronel, estuvo presente en el lugar durante la actuación, lo que añade un nivel de complejidad a la investigación solicitada. La familia ha expresado su preocupación por cómo se gestionó el operativo y por la falta de claridad en la cadena de mando. Este aspecto es crucial, ya que una mala gestión en la cadena de mando puede llevar a decisiones erróneas y a un uso ineficiente de los recursos públicos.

Impacto en la comunidad local

La situación en Cueva de la Negra ha generado un gran interés en la comunidad local de Fuerteventura, donde los vecinos están atentos a las decisiones que se tomen respecto a este caso. La investigación podría tener repercusiones significativas para la gestión de futuras acciones en la zona y la relación entre la administración pública y los ciudadanos. La falta de confianza en las autoridades puede resultar en un mayor descontento social y un aumento de las tensiones entre los residentes y el gobierno local.

Asimismo, el caso ha suscitado el interés de grupos ecologistas y defensores de los derechos de los ciudadanos, quienes ven en este operativo un posible abuso de poder por parte de las autoridades. La comunidad espera que la investigación arroje luz sobre las prácticas administrativas y garantice que se respeten los derechos de los propietarios y residentes de Cueva de la Negra.