Lanzarote refuerza la protección animal con nuevas medidas contra el maltrato

Las claves

  • El Cabildo refuerza controles sobre licencias de caza.
  • Las personas inhabilitadas no podrán obtener licencias mientras dure la prohibición.
  • Se creará una mesa de trabajo con diversos sectores para consensuar cambios legislativos.

Medidas para combatir el maltrato animal

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha dado un importante paso en la lucha contra el maltrato animal. En una sesión plenaria celebrada el martes 29 de septiembre de 2026, se aprobó una moción presentada por el consejero de Bienestar Animal, Armando Santana, que establece mecanismos más estrictos para prevenir el maltrato y proteger a los animales. Esta decisión no solo responde a un creciente clamor social por el bienestar animal, sino que también se enmarca dentro de un contexto más amplio de legislación y concienciación en Canarias.

Con el aumento de las denuncias por maltrato animal en los últimos años en la isla, la necesidad de acciones concretas se ha hecho más evidente. La Ley de Protección Animal de Canarias, que entró en vigor en 2021, ya había sentado las bases, pero el Cabildo busca ir más allá para garantizar una aplicación efectiva. Las iniciativas se centran en fortalecer la regulación sobre la caza, una actividad que, si bien es tradicional en la isla, también ha sido objeto de controversia debido a su relación con el maltrato animal.

Una de las medidas clave de esta iniciativa es garantizar que las personas legalmente inhabilitadas no puedan acceder a licencias de caza mientras esta inhabilitación esté vigente. Esta acción busca fortalecer los controles en la concesión y renovación de estas licencias, asegurando que se cumplan las normativas vigentes. El incumplimiento de la ley en este ámbito tiene consecuencias no solo para los animales, sino también para la imagen de Lanzarote como destino turístico comprometido con la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza.

Un enfoque colaborativo

El consejero Armando Santana subrayó la importancia de establecer un enfoque coherente entre la protección de los animales y los requisitos necesarios para la actividad cinegética, que a menudo implica el uso de armas de fuego. Según Santana, "no se trata de establecer una sanción adicional ni de sustituir las decisiones judiciales, sino de garantizar que las inhabilitaciones firmes tengan un cumplimiento efectivo". Este enfoque busca evitar que quienes han mostrado conductas de maltrato puedan volver a tener acceso a armas y, por ende, a la posibilidad de causar daño a otros seres vivos.

Además, el Cabildo ha propuesto crear una mesa de trabajo que incluirá la participación de asociaciones animalistas, representantes del sector de la caza, el SEPRONA y grupos políticos. Esta mesa estará encargada de consensuar una iniciativa legislativa que será presentada posteriormente al Gobierno de Canarias. La participación de diferentes sectores es fundamental para lograr un consenso que permita crear un marco legal más robusto y efectivo en la protección de los animales.

Compromiso con la legalidad

La iniciativa del Cabildo también contempla la revisión de las solicitudes de licencias de caza para verificar si el solicitante tiene alguna inhabilitación penal o administrativa firme. En caso afirmativo, la solicitud será denegada, conforme a la Ley de Caza de Canarias. Esto representa un avance significativo en la lucha contra el maltrato animal, ya que se busca asegurar que aquellos con antecedentes de violencia no tengan la posibilidad de reinsertarse en actividades que pueden poner en riesgo la vida de otros animales.

Asimismo, se pedirá al Gobierno de Canarias que evalúe los cambios legales necesarios para que las condenas firmes por maltrato animal conlleven una inhabilitación expresa para obtener o renovar licencias de caza durante el periodo que establezca la ley. Esta medida tiene el potencial de ser un punto de inflexión en la protección animal en Lanzarote y en toda Canarias.

Con estas medidas, el Cabildo reafirma su compromiso con el bienestar animal y la necesidad de asegurar que las personas que han sido condenadas por maltrato animal no puedan acceder a actividades que impliquen el contacto directo con animales. La implementación efectiva de estas políticas podría marcar un antes y un después en la percepción y tratamiento de los animales en la isla, fomentando una cultura de respeto y cuidado hacia todas las formas de vida.