Liberación Canaria exige la compra pública de Veneguera

Un espacio protegido en el limbo administrativo

La formación política Liberación Canaria ha exigido la compra pública de Veneguera, un área de 1.787 hectáreas que fue integrada en 2003 al Parque Rural del Nublo. La importancia de esta demanda radica en que los espacios que el pueblo canario decidió proteger no deben quedar expuestos a convenios y promesas empresariales que han estado en el aire durante más de dos décadas. El parque, que alberga una rica biodiversidad, se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a la falta de un marco regulatorio adecuado.

Desde la aprobación de la Ley 6/2003, que clasificó el territorio como suelo rústico, se estableció la necesidad de un Plan de Recuperación e Inversión para el barranco, el cual debería haberse aprobado en un plazo de un año. Sin embargo, a día de hoy, este plan no aparece documentado y el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Nublo-Tamadaba aún no cuenta con aprobación definitiva, a pesar de que su desarrollo comenzó en 2021 con un tiempo estimado de 23 meses. Esta inacción administrativa ha suscitado la preocupación de ecologistas y ciudadanos, quienes ven en la falta de acción un riesgo para la conservación de este espacio natural.

Irregularidades y falta de coordinación

La gestión del territorio ha estado marcada por la fragmentación y la falta de coordinación entre las distintas administraciones. Desde 2018, los técnicos del Cabildo han advertido sobre la acumulación de expedientes del mismo operador que debían ser analizados de manera conjunta, pero cada actuación se ha tramitado de forma aislada. Esto ha generado confusión entre las áreas de Medio Ambiente, Aguas, el Ayuntamiento de Mogán, Costas y Patrimonio, dificultando la implementación de una estrategia efectiva de conservación.

En 2022, el Ayuntamiento de Mogán concedió una licencia a pesar de contar con un informe ambiental desfavorable. Esta decisión fue cuestionada por el Consejo Consultivo, que determinó la nulidad de pleno derecho de dicha licencia. En 2024, el Consejo Insular de Aguas abrió un expediente para extinguir una autorización otorgada en 2018 debido a un posible incumplimiento. La falta de un enfoque coordinado ha llevado a decisiones controvertidas que ponen en riesgo la integridad de Veneguera.

Consecuencias para el medio ambiente

En 2026, el Cabildo ha trasladado informes al Seprona por posibles afecciones ambientales, hidráulicas y arqueológicas en la zona. Además, tanto la Fiscalía como Costas tienen actuaciones abiertas relacionadas con Veneguera, lo que indica la gravedad de la situación. La falta de un plan de recuperación no solo afecta a la biodiversidad de la región, sino que también puede tener consecuencias económicas para el turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la zona.

"Veneguera fue una conquista ciudadana y así debe seguir siendo, del país, no de quien tenga músculo para esperar veintitrés años a que la Administración mire hacia otro lado", declaró un portavoz de Liberación Canaria.

La presión para la compra pública de Veneguera se intensifica ante la inacción administrativa que ha permitido que esta zona protegida sea objeto de actuaciones aisladas y controvertidas. La falta de un plan claro y coordinado podría tener repercusiones graves para la conservación del medio ambiente en esta área de gran valor natural. La comunidad local, junto con activistas, se manifiestan cada vez más a favor de que el Gobierno tome medidas decisivas para asegurar la protección de Veneguera, resaltando la necesidad de un compromiso real con la conservación de los espacios naturales de Canarias.