Montero propone prohibir la vivienda vacacional en Canarias

Una propuesta controvertida

En un acto de campaña celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, la candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, propuso la prohibición de la vivienda vacacional en Canarias. La intervención tuvo lugar ante unas 400 personas y fue acompañada por representantes de otras formaciones políticas como Nueva Canarias, Izquierda Unida y Sumar, lo que refleja un amplio apoyo en el espectro político a esta inquietud social.

Impacto del turismo en la vida canaria

Montero argumentó que el turismo está “cargando la vida misma” de los canarios. En particular, mencionó el municipio de Adeje, donde según sus afirmaciones, un 30% de las viviendas están destinadas a uso turístico. “¿Quién no cabe, una persona que necesita ayuda o el turismo desproporcionado que se está cargando la vida misma en Canarias?”, cuestionó Montero, desafiando la idea de que no hay espacio suficiente para todos.

Además, la candidata criticó la situación laboral en el sector turístico, señalando que este paga “salarios miserables” y que las empresas están más interesadas en hacer negocio que en el bienestar de la comunidad. En las Islas, donde el turismo representa más del 35% del PIB, esta crítica resuena en un contexto donde muchos trabajadores del sector viven en condiciones precarias.

También se refirió a la problemática ambiental, acusando al turismo de consumir más agua de la que se puede permitir en las islas. La escasez de agua ha sido un tema recurrente en el debate público, especialmente en un archipiélago que depende en gran medida del turismo y donde el cambio climático está exacerbando la crisis hídrica.

“Que no cabemos todos es un bulo, además de que Canarias es un lugar de paso para muchos de ellos”, afirmó Montero.

Reivindicaciones sociales y económicas

Montero no solo se centró en la vivienda vacacional. En su discurso, abordó temas de inmigración, defendiendo que “no sobra ningún migrante” y citando el Evangelio para fomentar la solidaridad. Este enfoque en los derechos humanos y la inclusión social ha resonado entre diversos sectores de la población canaria, que ven en la inmigración un fenómeno complejo y multifacético que requiere un enfoque compasivo y justo.

Además, reclamó un aumento de impuestos para la banca, las empresas y los más ricos, con la intención de redistribuir la riqueza. Esta propuesta busca abordar las crecientes desigualdades en el archipiélago, donde el coste de la vida ha aumentado significativamente en los últimos años, afectando especialmente a las clases trabajadoras y medias.

También abogó por un salario mínimo de 1.800 euros por 30 horas de trabajo a la semana. Estas medidas propuestas por Montero podrían tener un impacto significativo en el mercado de la vivienda y en el sector turístico de las Islas Canarias, donde el turismo representa una parte fundamental de la economía local. La implementación de estas políticas podría generar tensiones entre los defensores del turismo y aquellos que abogan por el bienestar social y medioambiental.