Unidos por Lanzarote exige transparencia en la ley de bienestar animal

Unidos por Lanzarote exige transparencia en la ley de bienestar animal

Las claves

  • Unidos por Lanzarote exige a los ayuntamientos demostrar el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal.
  • La legislación prevé responsabilidades concretas en la gestión de colonias felinas y otros aspectos.
  • El concejal de Teguise admitió que cumplir con la ley es económicamente inviable para su municipio.

La falta de cumplimiento de la ley

La formación política Unidos por Lanzarote ha denunciado la “preocupante situación” en la aplicación de la Ley 7/2023, que protege los derechos y el bienestar de los animales. Esta legislación, que entró en vigor a principios de 2023, busca garantizar que todos los animales, tanto domésticos como silvestres, sean tratados con dignidad y respeto. La reclamación se dirige a los siete ayuntamientos de la isla, que son Arrecife, Teguise, Tías, San Bartolomé, Yaiza, Tinajo y Haría. La agrupación exige que cada consistorio demuestre, mediante documentos y resultados, que está cumpliendo las obligaciones establecidas por esta legislación.

Laureano Álvarez Delgado, portavoz de la formación, enfatizó que “la Ley de Bienestar Animal no puede ser obligatoria para los vecinos y opcional para los políticos”. Esta declaración surge tras unas controvertidas afirmaciones del concejal de Bienestar Animal de Teguise, Ginés González, quien reconoció que aplicar todas las exigencias de la ley en un solo ejercicio presupuestario sería económicamente inviable para su Ayuntamiento. Esta declaración ha generado un debate en la comunidad sobre la responsabilidad de los gobiernos locales en la gestión del bienestar animal.

Exigencias claras para los ayuntamientos

Unidos por Lanzarote sostiene que no es aceptable que las administraciones utilicen la falta de recursos económicos como excusa para el incumplimiento de sus responsabilidades. “No podemos permitir que la falta de recursos se convierta en una justificación permanente para aplazar las obligaciones de las instituciones, mientras los ciudadanos enfrentan sanciones por incumplimiento”, agregó Álvarez, subrayando la necesidad de que los gobernantes asuman su papel proactivo en la protección de los animales.

La normativa establece responsabilidades específicas para las administraciones locales, especialmente en lo que respecta a la gestión de colonias felinas. Entre las obligaciones se incluyen:

  • Elaboración de programas de gestión de colonias felinas.
  • Mantenimiento de censos actualizados de gatos comunitarios.
  • Implementación de campañas de esterilización e identificación mediante microchip.
  • Provisión de servicios veterinarios adecuados.
  • Establecimiento de protocolos para resolver conflictos vecinales relacionados con animales.

Además, la formación solicita que se haga público el presupuesto destinado a estas iniciativas, así como los resultados de las acciones llevadas a cabo hasta la fecha. La transparencia en la gestión de recursos es fundamental para asegurar que los ciudadanos puedan tener confianza en que sus impuestos se están utilizando adecuadamente para el bienestar animal.

Reacciones en la comunidad

La postura de Unidos por Lanzarote ha encontrado eco entre los ciudadanos, quienes sienten la necesidad de que sus administraciones actúen con responsabilidad y transparencia. La falta de cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal es vista como una contradicción que podría afectar a la calidad de vida de los animales en la isla y, por ende, a la de sus propietarios. Los amantes de los animales y las organizaciones locales que se dedican a su protección están siguiendo de cerca esta situación, esperando que se tomen medidas efectivas.

“Desde nuestra formación no aceptamos que la falta de recursos económicos se utilice como justificación permanente para aplazar las responsabilidades de las instituciones”, declaró Laureano Álvarez.

La presión de la formación política podría llevar a los ayuntamientos a replantearse sus prioridades y a buscar alternativas de financiamiento para cumplir con la ley. Esto podría tener un impacto positivo en los programas de bienestar animal en Lanzarote, beneficiando tanto a los animales como a sus dueños. La implementación efectiva de esta ley no solo mejoraría las condiciones de vida de los animales, sino que también podría fortalecer la relación entre la comunidad y sus autoridades locales, fomentando un entorno más colaborativo y responsable.