La ordenanza de zonas de bajas emisiones de Santa Cruz va a los tribunales

Denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia

La nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santa Cruz de Tenerife ha sido llevada a los tribunales por las asociaciones de vecinos El Perenquén y El Toscal de las Tribulaciones. El abogado Felipe Campos, representante legal de los denunciantes, presentó el recurso el 1 de septiembre ante el Tribunal Superior de Justicia, justo antes de la entrada en vigor de la normativa, que está programada para el 15 de septiembre.

Esta ordenanza, aprobada por el pleno del Ayuntamiento el pasado 24 de julio, restringe el tráfico en el centro de la ciudad con el objetivo de reducir la contaminación. Sin embargo, los denunciantes sostienen que en la capital no se superan los índices de contaminación y que la ZBE solo beneficia a quienes pueden permitirse un coche eléctrico. Esta queja se alinea con una preocupación creciente entre los ciudadanos sobre la equidad de implementar políticas ambientales que podrían aumentar la desigualdad social.

Implicaciones de la nueva normativa

Según la presidenta de la Asociación El Perenquén, Silvia Barrera, la ordenanza no solo afecta a la circulación de los ciudadanos, sino que también perjudica a los pequeños comerciantes de la zona, que podrían ver reducidas sus ventas con las nuevas restricciones. Barrera señala que “no solo limita la libre circulación de personas, sino que también afecta a la economía local”. Este es un punto crítico en un momento donde los pequeños negocios están intentando recuperarse de los efectos económicos de la pandemia.

Este no es el primer intento de las asociaciones vecinales de frenar la ZBE. En ocasiones anteriores, la Asociación El Perenquén había logrado paralizar otros proyectos relacionados, como la ordenanza de tráfico y el carril bici en varias calles de la capital. Sin embargo, cuando se presentó un recurso similar contra la ZBE, la Justicia avaló la tramitación de la norma por parte del Ayuntamiento, desestimando también las quejas del grupo municipal Vox. Este contexto muestra la persistencia de las asociaciones en su lucha por los derechos de los ciudadanos frente a políticas que consideran perjudiciales.

La entrada en vigor de la ordenanza no implicará restricciones inmediatas. Aunque la normativa comenzará a aplicarse el 15 de septiembre, no se establecerán limitaciones ni sanciones hasta 2029. Este periodo de gracia parece haber sido diseñado para permitir a los ciudadanos adaptarse a los cambios. Sin embargo, los denunciantes consideran que este tiempo no es suficiente para evaluar el impacto de la normativa. En este sentido, las asociaciones han solicitado un mayor diálogo con el Ayuntamiento para discutir los efectos a largo plazo de la ZBE.

“En Santa Cruz de Tenerife no se supera ningún índice en cuanto a contaminación, por lo que no es necesaria la implantación de la ZBE”, afirmó el abogado Felipe Campos.

La postura del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, se ha defendido la implementación de la Zona de Bajas Emisiones como una medida necesaria para fomentar un entorno más saludable y sostenible. La administración local ha señalado que la ZBE es parte de un plan más amplio para mejorar la calidad del aire en la ciudad y promover el uso de medios de transporte menos contaminantes. Este enfoque ha sido respaldado por estudios que demuestran los beneficios de reducir la contaminación del aire, tanto para la salud pública como para el medio ambiente.

La ZBE también se enmarca dentro de las directrices establecidas por la Unión Europea para reducir las emisiones de CO2 y mejorar la calidad del aire en las áreas urbanas. Sin embargo, la oposición de los vecinos y comerciantes ha puesto de manifiesto la tensión entre las políticas medioambientales y las necesidades económicas locales. Esta dualidad se refleja en el debate en la comunidad sobre cómo equilibrar el desarrollo sostenible con la viabilidad económica de los negocios locales, especialmente en tiempos de crisis.

Las asociaciones han solicitado al Ayuntamiento que reconsidere la ordenanza y busque alternativas que no perjudiquen a los ciudadanos y comerciantes. Algunas de las propuestas incluyen incentivos para la adquisición de vehículos menos contaminantes, así como mejorar el transporte público para que sea una opción viable para todos los ciudadanos.

Consecuencias y futuro de la ZBE

La resolución del Tribunal Superior de Justicia sobre esta denuncia podría sentar un precedente importante para futuras políticas ambientales en la ciudad. La vigilancia sobre los efectos de la ZBE y la respuesta de la comunidad a la normativa serán claves en los próximos meses. Observadores legales y políticos estarán atentos al desarrollo de este caso, ya que podría influir en cómo se implementan las políticas ambientales no solo en Santa Cruz, sino en otras ciudades de Canarias.

En conclusión, la controversia en torno a la ZBE de Santa Cruz de Tenerife es un claro reflejo de los desafíos que enfrentan las ciudades modernas en la búsqueda de un equilibrio entre la sostenibilidad y la economía local. La participación activa de las comunidades afectadas será crucial para garantizar que las políticas adoptadas sean justas y efectivas, beneficiando a todos los sectores de la sociedad.