Anpe exige al Gobierno canario mejoras educativas urgentes

Retos educativos en el nuevo curso escolar

El sindicato docente ANPE Canarias ha señalado la necesidad de abordar los retos que enfrenta el sector educativo en este nuevo curso 2026-2027. Este año es crucial, ya que representa el último de la actual legislatura autonómica. Por ello, ANPE ha instado al Gobierno de Canarias a que acelere las mejoras pendientes en el sistema educativo para dejar una herencia educativa sólida de cara al periodo 2027-2031. La urgencia de estas demandas se hace aún más evidente considerando que el archipiélago ha experimentado un incremento significativo en la matrícula de estudiantes en los últimos años, lo que ha puesto presión adicional sobre un sistema ya de por sí saturado.

Según Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, el presupuesto autonómico para 2027 debe convertirse en una herramienta clave para demostrar que la educación es una prioridad. La organización reclama que la financiación educativa alcance el 5% del PIB del archipiélago, tal como establece la Ley Canaria de Educación no Universitaria. Crespo enfatiza que esta obligación no puede seguir siendo incumplida y que es necesario contar con los recursos adecuados para afrontar los desafíos actuales. Este porcentaje no solo es una meta simbólica; estudios recientes han demostrado que un mayor presupuesto en educación se traduce en un mejor desempeño académico y en una mayor equidad social.

Aumento del alumnado con necesidades específicas

Uno de los principales desafíos identificados por ANPE es el aumento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Según datos de la Consejería de Educación, el curso pasado, Canarias contó con 33.084 estudiantes NEAE, lo que representa un incremento de casi un 50% en comparación con hace cinco años. Este aumento es alarmante y refleja no solo un cambio demográfico, sino también un mayor reconocimiento de la diversidad de necesidades en las aulas.

“No podemos atender una realidad cada vez más compleja sin los recursos suficientes”, afirmó Crespo.

Ante esta situación, el sindicato reclama que todos los estudiantes con NEAE computen como dos a efectos de ratios, no solo aquellos que presentan discapacidad o trastornos graves. Además, ANPE exige un aumento en la dotación de especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, así como en Orientación educativa y auxiliares educativos. Esta es una demanda que no solo beneficia a los estudiantes con necesidades específicas, sino que también mejora la calidad general de la educación al permitir una atención más personalizada y eficaz.

Infraestructuras educativas y adaptación al clima

Otro aspecto crítico que ha señalado ANPE son las infraestructuras educativas en las Islas Canarias. Muchas de ellas son antiguas y requieren atención urgente. El aumento de las temperaturas y los episodios de calor extremo han puesto de manifiesto las deficiencias de estas instalaciones, lo que pone en riesgo la salud de alumnos, profesores y personal administrativo de los centros educativos. En este contexto, es fundamental que la Consejería de Educación destine recursos a la modernización de estas infraestructuras, asegurando que cumplan con los estándares de confort y seguridad necesarios para un aprendizaje efectivo.

El sindicato también ha solicitado que se adopten medidas para adaptar las infraestructuras al clima actual, garantizando un entorno seguro para el aprendizaje. Desde sistemas de climatización adecuados hasta la instalación de espacios verdes que mitiguen el calor, estas mejoras son esenciales para el bienestar de la comunidad educativa. La Consejería de Educación deberá considerar estas demandas para asegurar que el alumnado pueda desarrollarse en un ambiente propicio y saludable.

Consecuencias de la falta de acción

Con la elaboración del presupuesto de 2027 en marcha, ANPE espera que el Gobierno canario tome en cuenta sus peticiones y priorice la educación en la agenda política. La falta de acción podría tener un impacto negativo en la calidad educativa y el bienestar de miles de estudiantes en el archipiélago. La inacción no solo afectaría a los estudiantes actuales, sino que también podría generar un efecto a largo plazo en la formación del capital humano de Canarias, repercutiendo en la economía y en el desarrollo social de la región.

La comunidad educativa, incluidos padres y alumnos, se ha mostrado cada vez más activa en la defensa de sus derechos y necesidades. Las redes sociales y las plataformas de comunicación han servido como herramientas para visibilizar estas problemáticas, y la presión social podría ser un factor determinante para que el Gobierno reevalúe sus prioridades. Por lo tanto, el futuro del sistema educativo canario dependerá no solo de la voluntad política, sino también de la participación activa de toda la comunidad en la búsqueda de soluciones efectivas.