Canarias presenta un plan forestal de 1.272 millones sin compromisos

Detalles del plan forestal de Canarias

El Gobierno de Canarias ha presentado un ambicioso plan forestal que contempla una inversión total de 1.272 millones de euros para los próximos 21 años. El objetivo es combatir los incendios y cuidar del monte canario mediante actuaciones de prevención, restauración, repoblación y selvicultura.

Sin embargo, este plan no cuenta con compromisos vinculantes. Es un documento que, según el Gobierno, se presenta como un conjunto de “recomendaciones y propuestas” que podrán materializarse a través de otros planes y normativas que se desarrollen posteriormente. Esta falta de obligatoriedad en la ejecución ha generado dudas entre los expertos y la ciudadanía sobre si realmente se cumplirán los objetivos establecidos.

La estrategia se establece en un contexto complicado, ya que la anterior, vigente desde 1999 y que concluirá en 2026, apenas logró implementar el 11% de sus medidas. Esta situación ha llevado a cuestionar la efectividad de los planes anteriores y resalta la necesidad de un enfoque más proactivo en la gestión de los recursos forestales. Ahora, el nuevo marco tiene el reto de mejorar considerablemente este porcentaje, en un entorno donde el 83% de la superficie forestal está en manos privadas y el cambio climático aumenta el riesgo de incendios, lo que complica aún más la tarea de restaurar y proteger los espacios naturales de las islas.

Financiación y prioridades del nuevo plan

El plan forestal se desglosa en varias fases, destacando una primera etapa de siete años con un presupuesto de 405 millones de euros. Entre las partidas más relevantes se encuentran:

• 115 millones de euros para la prevención, lucha y restauración frente a incendios.
• 78,5 millones de euros para repoblaciones y producción de planta.
• 47 millones de euros para la mejora de pistas forestales y senderos.
• 45,2 millones de euros destinados a selvicultura adaptativa.

A pesar de estas cifras, el plan enfrenta críticas por la falta de un compromiso claro en la distribución de fondos entre prevención y extinción de incendios. En 2024, el presupuesto para la lucha contra incendios se sitúa en 25,8 millones de euros, de los cuales solo 4,6 millones están destinados a acciones preventivas, mientras que 17 millones se asignan a la extinción. Este desbalance pone de manifiesto la necesidad de repensar la estrategia de inversión y priorizar la prevención como una medida fundamental para mitigar los efectos devastadores de los incendios forestales.

“La estrategia anterior no ha cumplido con las expectativas, y este nuevo plan debe ser más efectivo si queremos proteger nuestros montes”, afirmó un portavoz del Gobierno.

Desafíos y futuro del monte canario

El plan forestal también enfrenta el desafío de las plantillas medioambientales, que actualmente son insuficientes para ejecutar las medidas propuestas. La escasez de personal especializado en la gestión ambiental y la falta de recursos para formar a nuevos profesionales son aspectos que deben abordarse con urgencia. Además, el calentamiento global y la desertificación del suelo son preocupaciones constantes que amenazan la biodiversidad y la recarga de acuíferos en el archipiélago. Estas condiciones climáticas, sumadas a la presión del desarrollo urbano y turístico, complican aún más la tarea de conservación.

El Gobierno de Canarias, compuesto por Coalición Canaria y el Partido Popular, argumenta que el nuevo plan no contradice los instrumentos de ordenación existentes, como los que regulan los espacios naturales protegidos o la Red Natura 2000. Sin embargo, la falta de obligaciones vinculantes genera incertidumbre sobre la efectividad del plan. Este aspecto es crítico, ya que sin un marco que garantice la ejecución de las medidas propuestas, los peligros que enfrenta el medio ambiente canario podrían no ser atendidos de manera adecuada.

La población canaria y los grupos ecologistas estarán atentos a la evolución de esta estrategia, que promete un gran desembolso económico pero cuya implementación real dependerá de la voluntad política y la capacidad de ejecución de las administraciones públicas. La sociedad civil, junto con organizaciones no gubernamentales, jugará un papel vital en la vigilancia y el seguimiento de los avances del plan, demandando transparencia y rendición de cuentas en el uso de los fondos destinados a la protección del entorno natural de Canarias.