Las claves
- El ICAVI no ha adjudicado ninguna promoción de vivienda pública en 2026.
- Más de 34.000 demandantes de VPO esperan una vivienda en Canarias.
- Dos licitaciones en curso por parte de Visocan solo ofrecen 192 viviendas.
Un año sin adjudicaciones de vivienda pública
El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha confirmado en una respuesta parlamentaria que no ha adjudicado ninguna vivienda protegida en lo que va del año 2026. La diputada socialista Patricia Hernández recibió esta información, que pone de manifiesto un preocupante vacío en la oferta de vivienda pública. Esta situación es preocupante, ya que la crisis de vivienda en las Islas se ha agudizado en los últimos años, afectando de manera directa a miles de familias canarias.
La única licitación realizada en este sentido, que incluía 134 viviendas en Tenerife (51 en Adeje, 24 en Guía de Isora y 59 en Arona), quedó desierta en febrero, ya que no se presentó ninguna oferta para un proyecto valorado en 23,8 millones de euros. Este hecho subraya la falta de interés por parte de las constructoras para invertir en viviendas públicas, un fenómeno que se ha vuelto habitual en el contexto actual de inflación y encarecimiento de materiales.
La falta de disponibilidad de vivienda asequible ha generado una creciente preocupación entre los demandantes, que ya superan los 34.000 en el Archipiélago. Muchos de estos solicitantes han estado en la lista de espera desde 2010, lo que genera un sentimiento de desamparo y desesperación. La realidad es que la mayoría de los solicitantes de vivienda pública provienen de sectores vulnerables que no pueden acceder al mercado privado, debido a los precios desorbitados de los alquileres y las hipotecas.
Proyectos en fase de licitación y discrepancias en cifras
A pesar de la falta de adjudicaciones, la empresa pública de vivienda social Visocan mantiene actualmente dos promociones en fase de licitación. Estas suman un total de 192 viviendas protegidas: 168 en Las Palmas de Gran Canaria y 24 en La Frontera (El Hierro). Sin embargo, esta cifra resulta insignificante frente a la alta demanda existente en la región, donde muchos esperan soluciones habitacionales que nunca llegan.
Además, el ICAVI ha calificado el resto de proyectos anunciados por el Gobierno autonómico como “en preparación” o “en construcción”, aunque existen discrepancias significativas entre las cifras que proporciona el Ejecutivo y las que maneja el Observatorio Canario de la Vivienda (OBVIA). Según la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que dirige Pablo Rodríguez (CC), actualmente se estarían ejecutando 898 VPO, de las cuales 519 son de promoción pública y 379 de promoción privada.
“La situación de la vivienda pública en Canarias es insostenible y requiere medidas inmediatas”, declaró Patricia Hernández.
Sin embargo, el visor del OBVIA eleva esta cifra a 1.996 viviendas, distribuidas de la siguiente manera: 1.339 corresponden al ICAVI, 545 a Visocan y 82 a promociones destinadas a los afectados por la erupción volcánica de La Palma de 2021. Este desfase en la información no solo genera confusión, sino que también desvirtúa la percepción de la real situación de la vivienda en el archipiélago.
Impacto en la población y futuras acciones
La falta de nuevas adjudicaciones de vivienda pública ha provocado una creciente frustración entre los solicitantes. Muchos de ellos se encuentran en una situación de vulnerabilidad, esperando una solución habitacional desde hace años. Esta crisis no afecta solo a los individuos que buscan vivienda, sino que tiene un impacto en toda la comunidad. La falta de vivienda adecuada puede provocar un aumento de la pobreza y dificultades en el acceso a servicios básicos, como la educación y la salud.
La patronal de constructoras de Las Palmas (AECP) ha advertido recientemente que 322 obras públicas quedaron desiertas entre 2025 y junio de 2026 debido al aumento de costes y la fijación de presupuestos por debajo de lo que exige el mercado. Esto plantea un desafío adicional para el Gobierno, que debe encontrar un equilibrio entre la inversión en vivienda pública y la realidad económica del sector de la construcción.
Ante este panorama, se espera que el Gobierno de Canarias tome medidas efectivas para abordar la crisis de vivienda pública y satisfacer la demanda existente. La situación actual pone de manifiesto la necesidad de un replanteamiento en las políticas de vivienda, así como una revisión de los procesos de adjudicación y licitación. Los ciudadanos esperan que se actúe con urgencia y eficacia para poder revertir esta situación que afecta a tantos canarios.