El PSOE de Lanzarote denuncia cacería judicial contra Corujo

Acusaciones del PSOE

El secretario de organización del PSOE de Lanzarote, José Juan Cruz Saavedra, ha denunciado que el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha emprendido lo que califica como una “cacería judicial” contra la secretaria insular del partido, María Dolores Corujo. Según Cruz, esta acción es parte de una estrategia política para debilitar a la líder del PSOE en la isla. En un contexto donde las tensiones políticas son palpables, el PSOE busca posicionarse como víctima de una persecución que consideran injustificada.

Origen de la denuncia

La controversia se originó a raíz de una denuncia presentada por David Montes, director insular de la Presidencia del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. Esta denuncia, relacionada con el denominado 'caso Sosa', investiga el pago del sueldo como consejero liberado de Sanidad al médico Juan Manuel Sosa, quien formó parte de la lista de Coalición Canaria-Nueva Canarias en las elecciones de 2023. El caso ha suscitado un intenso debate en la isla, especialmente porque el mismo Sosa ha sido objeto de críticas por su gestión en el ámbito sanitario local. Cruz Saavedra sostiene que dicha denuncia tiene un carácter político y se enmarca en un intento por parte de Betancort de desactivar la candidatura de Corujo.

“Era tan solo el primer paso de una estrategia encaminada a tratar de desactivar a nuestra candidata”, afirmó Cruz Saavedra.

Coste de la estrategia

El dirigente socialista también ha criticado la reciente decisión del Consejo Insular de Gobierno, que autorizó a Betancort a llevar a cabo acciones legales contra Corujo, con la abstención del Partido Popular y Armando Santana. Esta abstención ha generado además un debate interno en el partido, donde algunos miembros consideran que la política debería mantenerse alejada de la judicialización. Según Cruz, esto evidencia que se trata de una operación política.

Adicionalmente, el PSOE ha cuestionado la contratación de un director insular, que, según los socialistas, supone un coste anual cercano a 75.000 euros para las arcas públicas. Cruz afirmó que esta contratación se realiza con el objetivo de impulsar la denuncia contra Corujo, lo que refuerza su argumento de que se está utilizando la justicia con fines partidistas. Esta situación ha generado preocupación entre los ciudadanos sobre el uso de recursos públicos en conflictos políticos.

Consecuencias y contexto local

La situación se complica para Corujo, ya que su condición de diputada por la provincia de Las Palmas en el Congreso le otorga el estatus de aforada, lo que ha llevado a que el caso sea elevado al Tribunal Supremo. Esto significa que cualquier acción judicial deberá ser gestionada por este alto tribunal, lo que añade un grado de complejidad al procedimiento. En Lanzarote, donde las elecciones se acercan, estas disputas pueden influir en la percepción pública de los partidos implicados y sus líderes.

Las acusaciones del PSOE reflejan un clima de tensión política en Lanzarote, donde las pugnas entre partidos se intensifican en un contexto electoral cada vez más cercano. La situación deja en evidencia la polarización política que atraviesa la isla, lo cual podría tener un impacto significativo en el comportamiento de los votantes en las próximas elecciones municipales y regionales.