El TSJC avala la construcción de la central hidroeléctrica Chira-Soria

La decisión del TSJC

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado luz verde a la construcción de la central hidroeléctrica Chira-Soria, un proyecto impulsado por Red Eléctrica de España en Gran Canaria. Esta resolución se produce tras desestimar un recurso interpuesto por Turcón-Ecologistas en Acción, que cuestionaba la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública de la obra.

La Sala ha manifestado que el núcleo de la controversia se centraba en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable emitida el 30 de julio de 2021. El tribunal ha aclarado que la DIA no puede ser objeto de un recurso independiente, ya que es un acto de trámite esencial que debe ser cuestionado junto con la autorización administrativa que la integra. Este aspecto es crucial, ya que establece un precedente sobre cómo se deben abordar las impugnaciones relacionadas con proyectos de esta magnitud.

Argumentos de los ecologistas

Turcón presentó un total de 51 documentos que incluían escritos, mapas, informes y estadísticas, en su intento de desacreditar la DIA. Sin embargo, el TSJC ha destacado que no se aportó un informe pericial técnico que contradijera las conclusiones de la evaluación ambiental. La sentencia subraya que muchas de las alegaciones no denunciaban la falta de evaluación ambiental, sino una valoración insuficiente de los impactos detectados.

“Cuestionar la intensidad o suficiencia de una evaluación ya realizada exige una prueba técnica particularmente sólida”, señala el tribunal.

El TSJC también ha resaltado que la DIA fue adoptada tras un exhaustivo proceso de tramitación ambiental que tuvo en cuenta diversas afecciones sobre el medio marino, la atmósfera y el suelo. La aprobación de esta DIA se considera un hito en la regulación ambiental de Canarias, donde los proyectos de infraestructura deben cumplir con estándares muy rigurosos para proteger los ecosistemas locales.

Impacto del proyecto en Gran Canaria

La central de Chira-Soria es un componente clave en la estrategia energética de Gran Canaria, con una capacidad de 200 megavatios. Este sistema hidroléctrico funcionará como un almacenamiento de energía renovable, permitiendo que la electricidad generada por los parques eólicos y solares de la isla sea utilizada en momentos de mayor demanda.

El mecanismo de funcionamiento de la central consiste en bombear agua desde la presa de Soria a la presa de Chira, situada a mayor altitud, utilizando energía “sobrante” en periodos de baja demanda. Posteriormente, el agua se liberará a través de turbinas cuando se requiera electricidad, generando un suministro estable. Este método no solo optimiza la producción de energía, sino que también contribuye a la reducción de pérdidas energéticas, un aspecto crucial para la sostenibilidad del sistema eléctrico de la isla.

Según el proyecto, la central tendrá la capacidad de almacenar hasta 3,5 gigavatios de energía, lo que permitirá a Gran Canaria asegurar su consumo energético de manera continua y sostenible. Este almacenamiento será vital para compensar la intermitencia de las fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica, que dependen de las condiciones climáticas.

Consecuencias de la decisión

La decisión del TSJC no solo allana el camino para la ejecución de la obra, sino que también representa un paso significativo hacia la transición energética de la isla, alineándose con los objetivos de incrementar la producción de energía renovable y reducir la dependencia de fuentes fósiles. Gran Canaria, como parte de su Plan de Energía Sostenible, se ha propuesto alcanzar un 45% de energía renovable en su mix energético para 2030, y la central Chira-Soria es fundamental para lograr esta meta.

Además, la ejecución de este proyecto podría generar numerosos empleos durante su construcción y operación, contribuyendo así al desarrollo económico local en un contexto donde la sostenibilidad y la protección del medio ambiente son más relevantes que nunca. Sin embargo, es fundamental que se continúe monitoreando el impacto ambiental y se implementen medidas de mitigación adecuadas para garantizar que se cumplan los compromisos de sostenibilidad.