La insularidad limita la contratación pública en Canarias

Resultados del estudio sobre contratación pública

Un estudio encargado por la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea a la Universidad de La Laguna ha puesto de manifiesto que la insularidad y la lejanía son obstáculos significativos para la competitividad de la contratación pública en Canarias. La investigación, dirigida por los expertos Javier Mendoza Jiménez y Jorge García Sanabria, abarca el periodo entre 2016 y 2025 y concluye que es necesario adaptar este proceso a las particularidades del archipiélago para atraer más empresas y mejorar los resultados.

La contratación pública se considera una herramienta esencial para dinamizar el tejido productivo de las islas, mejorar los servicios y garantizar un uso eficiente de los recursos públicos. Sin embargo, el estudio revela que las peculiaridades geográficas de Canarias dificultan la participación en las licitaciones. En términos concretos, se estima que hay un 42,7% menos de ofertas presentadas en comparación con la Península, y un 8,93% de las licitaciones quedan sin adjudicar. Este dato es alarmante y pone de relieve la necesidad urgente de una reforma en los procesos de licitación.

Consecuencias de la insularidad en la licitación

Según la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el mensaje es claro: “Canarias no compite en igualdad de condiciones”. La lejanía, la fragmentación territorial, los costes logísticos y el tamaño del mercado son factores que reducen la concurrencia empresarial. Esta menor presión competitiva se traduce en un número inferior de ofertas y, consecuentemente, en menos descuentos sobre el presupuesto inicial.

“Es necesario que en las instituciones europeas se reconozca la condición de insularidad de Canarias”, afirmó Asián durante la presentación del estudio.

Además de los desafíos inmediatos, la insularidad también genera consecuencias a largo plazo para la economía local. La dependencia de ciertos servicios y productos del exterior puede hacer que las islas sean vulnerables a cambios en la economía global. En este contexto, el informe también señala que, aunque el 53,98% de las adjudicaciones corresponden a pequeñas y medianas empresas (pymes), esta cifra es inferior a la media de otras regiones. Esto sugiere que las pymes canarias no están teniendo acceso equitativo a las oportunidades de contratación pública. Además, solo el 0,79% de los adjudicatarios son empresas transfronterizas, en comparación con el 6,10% en el conjunto de la Unión Europea, lo que indica un claro déficit en la integración de Canarias en el mercado europeo.

Propuestas para mejorar la situación

El director general de Patrimonio y Contratación, Juan Domingo Cabrera, ha indicado que es fundamental tomar medidas para mejorar la situación de la contratación pública en Canarias. Entre las propuestas destacan:

• Ajustar los procesos de licitación a las condiciones específicas del archipiélago, lo que podría incluir la simplificación de los trámites administrativos y la adaptación de los pliegos de condiciones a las realidades locales.
• Incrementar la visibilidad de las oportunidades de contratación a través de plataformas digitales y ferias empresariales, de modo que más empresas puedan conocer y acceder a estos procesos.
• Revisar los criterios de adjudicación para fomentar una mayor competencia, lo que podría incluir incentivos para empresas locales y la creación de categorías especiales para pymes.

El estudio es un llamado a la acción para que las administraciones públicas canarias reconsideren su enfoque hacia la contratación pública, teniendo en cuenta las particularidades de su territorio. La adaptación de las estrategias de licitación podría no solo aumentar la participación empresarial, sino también mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos de las islas.

En conclusión, si bien la insularidad presenta desafíos significativos, también ofrece una oportunidad para innovar en los procesos de contratación pública. Las soluciones propuestas no solo son necesarias, sino que deben ser implementadas con urgencia para asegurar un futuro más competitivo y sostenible para la economía canaria. La colaboración entre el gobierno y el sector privado será fundamental para lograr estos objetivos y garantizar que las islas no queden atrás en el desarrollo económico.