La nueva ley de cabildos amplía la transparencia en Canarias

Modificaciones en la Ley de Cabildos

La entrada en vigor de la Ley 3/2026, el 6 de agosto de 2026, implica cambios significativos en las obligaciones de publicidad activa para los cabildos insulares y los ayuntamientos de Canarias. Esta ley sustituye el catálogo anterior de la Ley 8/2015 por el régimen general de la Ley 12/2014, que regula la transparencia y el acceso a la información pública.

La Ley de Cabildos tiene un impacto directo en la forma en que los ciudadanos pueden acceder a la información sobre la gestión pública. Según el Comisionado de Transparencia de Canarias, este cambio se deriva de la remisión del artículo 93.2 de la nueva ley, que alinea las normativas de ambas administraciones. Este proceso de unificación normativa también afecta a los ayuntamientos y sus entidades dependientes, que estaban obligados a seguir el régimen de los cabildos, como se establece en la Ley 7/2015, de 1 de abril, de municipios de Canarias.

Aumento de las obligaciones de transparencia

Con la implementación de la nueva ley, se producen cambios en la cantidad de obligaciones de publicidad activa. Se eliminan 15 obligaciones que antes eran específicas para los cabildos, que ahora quedan como recomendaciones de transparencia voluntaria. Por otro lado, se introducen 18 nuevas obligaciones provenientes del régimen general de transparencia, lo que resulta en un incremento neto de tres obligaciones. Los ayuntamientos también verán un aumento en sus requisitos, pasando a tener 20 nuevas obligaciones, dos más que antes.

“El objetivo de estas modificaciones es mejorar la transparencia y facilitar el acceso a la información pública”, destacó el Comisionado de Transparencia.

Principales novedades en la normativa

Entre las nuevas obligaciones que deberán cumplir los cabildos y los ayuntamientos, se encuentran:

• Publicación de dietas y gastos de viaje de los cargos públicos.
• Información detallada sobre contratos de campañas publicitarias y sus planes de medios.
• Datos sobre subvenciones concedidas sin concurrencia pública.
• Mayor transparencia en contratos, patrimonio y convenios.

Estas medidas están diseñadas para ofrecer a los ciudadanos un acceso más claro y directo a la gestión pública, garantizando que se tenga información sobre cómo se gestionan los recursos públicos. La nueva ley busca fomentar la confianza en las instituciones mediante la transparencia en la administración pública.

Contexto local y antecedentes

La necesidad de una mayor transparencia en la gestión pública ha sido un tema recurrente en el debate político en Canarias. Las críticas a la opacidad en la administración pública han llevado a la población a exigir cambios que permitan un mejor control sobre cómo se utilizan los recursos del gobierno. La Ley 3/2026 es un paso en esa dirección, ya que busca no solo aumentar la transparencia, sino también fomentar una cultura de rendición de cuentas.

Consecuencias y claves prácticas para el lector

Las consecuencias de la implementación de esta ley son significativas tanto para los ciudadanos como para las administraciones. Para los ciudadanos, significa que tendrán un acceso más fácil a la información sobre cómo se gastan sus impuestos, lo que puede traducirse en una mayor participación en la vida pública y un aumento de la confianza en las instituciones. Por otro lado, para los cabildos y ayuntamientos, esto implica un esfuerzo adicional para cumplir con las nuevas obligaciones, lo que puede requerir recursos y formación para el personal involucrado.

Para aquellos ciudadanos interesados en conocer más sobre la gestión de sus cabildos y ayuntamientos, se recomienda visitar las páginas web oficiales donde se publicará toda la información relevante. Además, pueden acudir al Comisionado de Transparencia para solicitar información específica y hacer uso de su derecho de acceso a la información pública.