La sanidad pública canaria se une a la huelga general del 11 de noviembre
Las claves
- La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias apoya la huelga general del 11 de noviembre.
- Casi 335 millones de euros del presupuesto sanitario se destinan a la sanidad privada.
- La privatización del sistema sanitario canario se sitúa entre las más altas del país.
La huelga general y sus motivos
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) ha expresado su respaldo a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. Este apoyo se alinea con el de la Federación estatal de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y surge en un contexto de creciente preocupación por la situación de la sanidad pública en el archipiélago. Esta huelga, que cuenta también con la participación de sindicatos como CCOO y UGT, se enmarca en una serie de movilizaciones que buscan reivindicar mejoras en las condiciones laborales, el acceso a la vivienda y la defensa de los derechos de la ciudadanía, incluyendo la salud.
La situación de la sanidad pública en Canarias ha sido objeto de debate en los últimos años, especialmente tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia. La presión sobre los servicios de salud ha revelado carencias estructurales que, según la ADSPC, han ido en aumento. Entre las principales reivindicaciones de los organizadores de la huelga se encuentran mejoras salariales para los trabajadores del sector, así como la necesidad de garantizar un acceso equitativo a los servicios de salud para toda la población, sin distinciones por nivel socioeconómico.
Privatización y cifras alarmantes
Uno de los aspectos más críticos de la denuncia realizada por la ADSPC es el elevado nivel de privatización del sistema sanitario en Canarias. Según los datos proporcionados, el 7,3% del presupuesto sanitario público, lo que equivale a aproximadamente 334,8 millones de euros, se destina a centros privados a través de conciertos y concesiones. Este porcentaje posiciona a Canarias como una de las comunidades con mayor privatización del sistema de salud en España, ocupando actualmente el cuarto lugar en el índice de privatización, solo superada por Madrid, Baleares y Cataluña.
La ADSPC ha criticado que gran parte de estos contratos se encuentran vencidos, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la gestión de los recursos públicos. Además, han denunciado posibles irregularidades, como el fraccionamiento de contratos, una práctica que permite eludir el proceso de licitación y que podría agravar aún más la situación del sistema público de salud.
“Las listas de espera favorecen las desigualdades en el acceso a la asistencia”, advirtió la ADSPC.
Impacto en la población canaria
La situación de la sanidad pública en Canarias ha llevado a que un porcentaje significativo de la población recurra a servicios de salud privados. Según datos de la ADSPC, el 24,7% de los canarios ha utilizado especialistas privados y el 23,6% ha acudido a médicos de familia de aseguradoras privadas. Este fenómeno refleja una tendencia preocupante: la dependencia creciente de la sanidad privada, que no solo es un indicador de la insatisfacción con el sistema público, sino también una carga económica para muchos ciudadanos. Se estima que cada canario gasta una media de 553,35 euros anuales en servicios sanitarios privados, que incluyen atención bucodental, óptica, audición y consultas especializadas.
El impacto de esta situación es doble. Por un lado, las listas de espera en la sanidad pública están favoreciendo la desigualdad en el acceso a la atención médica, lo que podría tener repercusiones graves sobre la salud de la población. Por otro lado, la necesidad de recurrir a servicios privados puede llevar a un empeoramiento en la calidad de vida de muchos canarios, que se ven obligados a destinar una parte significativa de sus ingresos a cubrir necesidades básicas de salud.
La huelga general del 11 de noviembre se presenta, por lo tanto, no solo como un llamado a la acción en defensa de los derechos laborales, sino también como una manifestación de la creciente preocupación por la calidad y accesibilidad de los servicios de salud pública en el archipiélago. La ADSPC confía en que esta movilización sirva para visibilizar la crisis que atraviesa la sanidad pública y para exigir medidas concretas que aseguren un sistema de salud justo y accesible para todos los canarios.
