La burocracia limita el crecimiento en Canarias, según empresarios
Las claves
- La CEOE Tenerife reclama una reforma estructural de la gestión municipal.
- Los retrasos administrativos impiden generar empleo y construir viviendas.
- Los proyectos pendientes afectan negativamente a las finanzas municipales.
Reforma urgente en la gestión municipal
La Confederación Empresarial de Santa Cruz de Tenerife (CEOE Tenerife) ha alertado sobre la grave crisis que atraviesan las administraciones municipales en Canarias. La patronal ha solicitado una reforma profunda en la gestión administrativa para eliminar los obstáculos burocráticos que limitan la inversión y, por ende, la creación de empleo y la construcción de viviendas. Esta situación se agrava si se considera que las Islas Canarias, debido a su ubicación geográfica y su economía dependiente del turismo, requieren de un marco regulador eficiente que fomente el desarrollo sostenible.
Según la CEOE, es contradictorio que Canarias cuente con un Régimen Económico y Fiscal (REF) propio, que incluye instrumentos como la Zona Especial Canaria (ZEC) y la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), mientras que muchos proyectos encuentran obstáculos en los procedimientos administrativos. La confederación denuncia que estos son lentos, complejos e imprevisibles, lo que crea un entorno poco atractivo para inversores locales e internacionales.
El impacto de la burocracia en las finanzas municipales
Pedro Alfonso, presidente de CEOE Tenerife, ha subrayado la importancia de transformar las inversiones anunciadas en actividad económica efectiva. En sus palabras:
"No podemos dedicar años a diseñar incentivos para atraer inversiones y después dedicar otros tantos a autorizar que se ejecuten".En este sentido, añadió que "una inversión anunciada no crea empleo por sí sola. Hay que conseguir que se materialice". Sin embargo, el proceso de aprobación de proyectos en muchas ocasiones se enfrenta a complicaciones que van desde la falta de coordinación entre departamentos hasta la carencia de recursos humanos capacitados para gestionar los trámites.
Los retrasos en la tramitación administrativa no solo afectan a las empresas, sino que también repercuten negativamente en las finanzas de los propios ayuntamientos. Los proyectos empresariales y urbanísticos que quedan pendientes de resolución no solo perjudican a sus promotores, sino que también limitan la actividad económica que podría generar ingresos públicos a través de impuestos y tasas, como el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y las licencias urbanísticas. Esto se traduce en un círculo vicioso donde la escasez de recursos municipales dificulta la mejora de la gestión administrativa, perpetuando el problema.
Consecuencias para el desarrollo económico
La falta de una respuesta ágil por parte de las administraciones está llevando a una parálisis en el desarrollo económico de la región. Las organizaciones empresariales consideran que, sin una intervención efectiva, se corre el riesgo de perpetuar una situación de estancamiento que podría llevar a la pérdida de oportunidades laborales y a un incremento de la incertidumbre en el sector empresarial. En este contexto, la creación de empleo se ve amenazada y el potencial de crecimiento de la economía canaria se frena, afectando a su competitividad.
Los empresarios se han quejado de que el tiempo que transcurre entre la presentación de un proyecto y su aprobación es excesivo, lo que a su vez prolonga la espera para la generación de empleo y el crecimiento económico. La CEOE señala que es crucial que las administraciones revisen y agilicen sus procesos para poder atraer y retener inversiones. La modernización de los sistemas de gestión y la implementación de plataformas digitales podrían ser un paso hacia la solución, reduciendo los tiempos de espera y aumentando la transparencia en los procedimientos.
La situación es especialmente grave en un momento en el que Canarias necesita revitalizar su economía tras los efectos de la pandemia. La creación de un entorno favorable para la inversión es vital para asegurar que los ciudadanos puedan beneficiarse de nuevas oportunidades laborales y que los municipios puedan aumentar sus ingresos sin necesidad de recurrir a subidas impositivas. Este es un desafío que requiere la colaboración de todos los actores: el sector público, el sector privado y la sociedad civil.
En conclusión, la CEOE Tenerife ha hecho un llamado a las autoridades competentes para que se tomen medidas inmediatas que permitan simplificar los procesos administrativos y así facilitar la llegada de inversiones que beneficien a toda la comunidad. La burocracia se ha convertido en un impuesto invisible que frena el crecimiento y desarrollo de Canarias. Sin un cambio significativo en la gestión administrativa, el futuro económico de las Islas puede verse comprometido, afectando no solo a las empresas, sino también al bienestar de los ciudadanos.
