Drago Gran Canaria exige pacto social para nuevo plan territorial

Reclamo de un pacto social

Drago Gran Canaria ha hecho un llamado a la creación de un gran pacto social para la elaboración del nuevo Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT). Esta iniciativa busca incluir a una variedad de actores, como movimientos sociales, organizaciones ecologistas, la comunidad científica, sindicatos y partidos políticos. Según Luis de la Barrera, portavoz de la formación, es fundamental que este pacto se base en la protección real del territorio, la diversificación del modelo productivo y la mejora de los servicios públicos y la vivienda.

Este tipo de alianzas sociales no son nuevas en la historia reciente de Gran Canaria, donde iniciativas anteriores han intentado abordar la problemática del desarrollo territorial desde una perspectiva inclusiva. La experiencia en otros sectores, como el medio ambiente y la economía local, ha demostrado que contar con diversas voces en la mesa puede generar soluciones más efectivas y sostenibles.

Impacto de la sentencia del TSJC

La petición de Drago Gran Canaria surge a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló el PIOT en vigor. Este plan es un instrumento clave para el desarrollo ordenado de la isla, y su anulación se debió a que su adaptación no se realizó conforme a la normativa actual. La decisión del TSJC no solo resalta fallos administrativos, sino que también pone en evidencia la necesidad de un enfoque más riguroso y transparente en la planificación territorial.

De la Barrera criticó este desarrollo al afirmar que “la tan cacareada ecoisla es, en realidad, el negocio de unos pocos disfrazado de sostenibilidad”. Este comentario refleja un sentimiento creciente entre los ciudadanos que sienten que las iniciativas gubernamentales a menudo favorecen a grandes empresas en lugar de a la comunidad local.

Cuestionamiento del modelo territorial

El partido ha expresado su preocupación por el modelo de desarrollismo turístico y urbanístico que ha predominado en Gran Canaria en las últimas décadas. Consideran que esta política ha estado marcada por la improvisación y el crecimiento desmedido. De la Barrera advierte sobre los planes que incluyen más de 120.000 nuevas camas turísticas y proyectos de gran envergadura como el Dreamland en Telde y el Siam Park en El Veril. Estos proyectos no solo generan un impacto ambiental significativo, sino que también han suscitado el descontento de muchos residentes que se sienten desplazados por el avance de proyectos turísticos masivos.

“Mientras hablan de ecoisla, siguen llenando el mar de jaulas industriales”, señaló De la Barrera.

La propuesta de Drago Gran Canaria se presenta como una oportunidad para replantear la política territorial en la isla, buscando un futuro más sostenible y equitativo. La respuesta del Cabildo y otros actores políticos será clave para la elaboración de este nuevo plan y para enfrentar los retos que plantea el desarrollo turístico en Gran Canaria. A medida que la comunidad se moviliza, queda por ver si se puede lograr un cambio real que priorice el bienestar de todos los canarios sobre los intereses económicos de unos pocos.