La justicia niega compensación de 8 millones a Canal Gestión en Lanzarote

Rechazo a la reclamación de Canal Gestión

El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado el recurso presentado por Canal Gestión Lanzarote contra el Consorcio del Agua de Lanzarote. La antigua concesionaria reclamaba un total de 8.081.454,43 euros por pérdidas de ingresos atribuibles a la pandemia de Covid-19. La sentencia, que fue dictada el pasado 15 de septiembre, respalda la decisión del Consorcio de no afrontar este pago.

Argumentos del Consorcio

Según informó el Cabildo de Lanzarote, el Consorcio del Agua se opuso a la reclamación alegando que el servicio público de abastecimiento de agua continuó prestándose durante el estado de alarma. Las autoridades argumentaron que no hubo una imposibilidad total o parcial de ejecutar el contrato durante este periodo crítico. Esta postura es coherente con el enfoque adoptado por muchas administraciones en el archipiélago, que consideraron esencial mantener los servicios básicos durante la crisis sanitaria.

El Consorcio también cuestionó el cálculo del desequilibrio económico presentado por Canal Gestión. Este cálculo se basaba en los ingresos dejados de percibir sin tener en cuenta la reducción de costes que se produjo debido a la disminución en la producción y el consumo de agua. Tal perspectiva, según el Consorcio, no reflejaba la realidad económica del momento. Este tipo de análisis ha sido común en el sector, donde muchas empresas han tenido que adaptar sus modelos financieros a una nueva normalidad.

Reacciones y consecuencias

Oswaldo Betancort, presidente del Consorcio del Agua de Lanzarote, valoró la decisión judicial como un respaldo a la defensa de los intereses públicos. “El trabajo de los servicios jurídicos del Cabildo ha sido impecable”, afirmó Betancort, quien destacó la importancia de esta resolución para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio de agua en la isla. Este tipo de decisiones también refuerzan la confianza en la gestión pública, especialmente en un contexto donde la recuperación económica sigue siendo una prioridad.

“La sentencia es un importante respaldo a la defensa de los intereses públicos”, declaró Betancort.

Esta decisión judicial se produce en un momento en el que las empresas y administraciones continúan lidiando con las secuelas económicas de la pandemia. La reclamación de Canal Gestión se centraba en pérdidas sufridas entre el 14 de marzo de 2020 y el 9 de mayo de 2021, un periodo en el que la actividad turística en Lanzarote se vio drásticamente afectada. La isla, dependiente del turismo, ha enfrentado enormes retos para reactivar su economía, lo que añade un nivel extra de complejidad a las relaciones entre las empresas y la administración pública.

La negativa del tribunal podría sentar un precedente para otras empresas que busquen compensaciones similares, subrayando la importancia de la continuidad en la prestación de servicios esenciales durante situaciones de crisis como la vivida durante la pandemia. A medida que las islas canarias intentan recuperarse, será crucial observar cómo se desarrollan las relaciones entre el sector privado y el público en este nuevo contexto económico.