Derecho al techo solicita medidas urgentes contra desahucios en Canarias

Solicitud de medidas urgentes

Derecho al Techo ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que adopte medidas inmediatas para que los juzgados de las islas apliquen el Real Decreto-ley 26/2026, conocido como 'decreto Maricarmen'. Esta norma, que entra en vigor el 1 de octubre de 2026, permite la suspensión de determinados lanzamientos de vivienda en casos de vulnerabilidad.

La organización subraya que su petición no busca la paralización general de todos los desahucios, sino que aquellos que puedan estar amparados por el nuevo régimen de protección sean revisados antes de que se ejecute el lanzamiento. “Le pedimos que garantice que la ley que entra en vigor mañana llegue a los juzgados antes de que los desahucios lleguen a las casas”, afirmó un portavoz de Derecho al Techo.

Condiciones para la suspensión de lanzamientos

El Real Decreto-ley establece que se pueden suspender lanzamientos siempre que se cumplan ciertos requisitos, entre los que se incluyen:

• Situación de vulnerabilidad de las personas afectadas.
• Existencia de una alternativa habitacional.
• Otros requisitos establecidos por la legislación vigente.

La organización recalca que es crucial que los órganos judiciales dispongan de esta nueva regulación para verificar si se cumplen las condiciones necesarias antes de que se produzcan los lanzamientos. En este sentido, Derecho al Techo enfatiza que no está pidiendo privilegios, sino que se cumpla la ley que ahora ofrece una protección adicional a las personas en riesgo de perder su hogar.

“No sería aceptable que una persona pudiera ser lanzada de su vivienda mañana, cuando ya esté en vigor una norma que puede establecer mecanismos de protección para su situación”.

Impacto en la comunidad canaria

La petición de Derecho al Techo se produce en un contexto de creciente preocupación por los desahucios en las Islas Canarias. En los últimos años, las Islas han experimentado un aumento significativo en el número de lanzamientos judiciales, lo que ha generado un clima de incertidumbre y ansiedad entre los ciudadanos más vulnerables. La organización ha notado un aumento en los lanzamientos programados, lo que ha llevado a la necesidad de medidas más efectivas para proteger a los ciudadanos vulnerables.

Consecuencias de la aplicación del decreto

Con la entrada en vigor del nuevo decreto, se espera que los juzgados evalúen con mayor rigor los casos de desahucios en las próximas semanas. La vigilancia sobre la aplicación de esta normativa se convierte en un punto clave para asegurar que los derechos de los ciudadanos sean respetados en un momento crítico. La correcta implementación de este decreto podría marcar un antes y un después en la lucha contra los desahucios en las Islas, ofreciendo un respiro a muchas familias que enfrentan el riesgo de perder su hogar.

A medida que se acerca la fecha de entrada en vigor, se espera que organizaciones como Derecho al Techo continúen presionando para que se cumplan las disposiciones del decreto y se garantice una protección efectiva a los ciudadanos en situaciones de riesgo. Esto no solo beneficiaría a las personas directamente afectadas, sino que también podría tener un impacto positivo en la cohesión social y la estabilidad en la comunidad canaria.