El ayuntamiento de Las Palmas tarda 80 días en pagar sus facturas

Incremento preocupante en los tiempos de pago

Las Palmas de Gran Canaria enfrenta un grave problema de morosidad. Según datos oficiales, el Ayuntamiento ha alcanzado un promedio de 80,43 días en el pago a proveedores, muy por encima de los 30 días que establece la ley. Este incremento se ha observado en un periodo de cuatro meses, donde el tiempo medio de abono ha superado el límite legal de manera constante.

Los datos analizados revelan que, en marzo de 2026, el tiempo medio de pago era de 62,46 días. En abril, este número aumentó a 68,49 días, y en mayo alcanzó su punto más crítico con los 80,43 días. Aunque en junio hubo una ligera disminución hasta 65,83 días, esta cifra sigue siendo alarmante y alejada de lo que exige la normativa.

Análisis histórico de la morosidad

Este problema de morosidad no es nuevo en Las Palmas de Gran Canaria. Históricamente, el Ayuntamiento ha enfrentado críticas por sus retrasos en los pagos. En años anteriores, se han reportado periodos similares de morosidad, lo que ha llevado a que los proveedores se vean obligados a ajustar sus operaciones financieras, incluso disminuyendo su capacidad para ofrecer servicios a la comunidad.

El aumento reciente en los tiempos de pago puede estar relacionado con cambios en la administración municipal y la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. La necesidad de reevaluar presupuestos y priorizar recursos ha generado un efecto cascada en los pagos a proveedores, lo que ha resultado en estos retrasos preocupantes.

Consecuencias del incumplimiento

La situación ha llevado a la Intervención General del Ayuntamiento a emitir una comunicación de alerta por el incumplimiento del periodo medio de pago. El informe, firmado por la interventora general, Noemí Naya Orgeira, el 24 de julio de 2026, indica que el Consistorio ha estado tardando, en promedio, 39,30 días más de lo permitido para satisfacer las facturas.

Este problema se ha arraigado en el funcionamiento municipal desde hace tiempo. Las dos entidades que más han contribuido a este retraso son la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) y la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas, que no han cumplido con los plazos establecidos durante años. Estas entidades, esenciales para el desarrollo urbano y la promoción de la ciudad, deben ser objeto de revisión para garantizar una mejor gestión de los recursos.

"La morosidad del Consistorio ha alcanzado niveles preocupantes, afectando a los proveedores y al buen funcionamiento de los servicios públicos".

Impacto en proveedores y servicios públicos

La morosidad en el Ayuntamiento tiene repercusiones directas en los proveedores locales. Estos pequeños y medianos empresarios se ven obligados a esperar meses para recibir el dinero por los servicios prestados, lo que afecta su flujo de caja y su operatividad. Además, la falta de pagos a tiempo puede comprometer la calidad y continuidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Para muchos de estos negocios, la situación es insostenible, y se ven forzados a recurrir a préstamos o a reducir personal para poder sobrevivir.

El incumplimiento de los plazos de pago no solo es un problema financiero; también es un reflejo del funcionamiento interno del Ayuntamiento, que debe abordar urgentemente estas disfunciones para evitar que la situación empeore. La implementación del Plan de Acción 2025 se presenta como una necesidad imperante para corregir estas deficiencias y recuperar la confianza de los proveedores. Este plan debería incluir medidas claras y plazos específicos para garantizar que los pagos se realicen de manera oportuna.

Claves prácticas para el lector

Los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria deben estar atentos a cómo el Ayuntamiento gestiona esta crisis de morosidad, ya que el impacto podría extenderse a diversas áreas de la administración pública. La situación actual exige respuestas y soluciones rápidas para evitar que se convierta en un problema estructural. Se recomienda que los proveedores afectados se organicen y busquen apoyo de asociaciones empresariales para hacer frente a esta situación, así como estar informados sobre los avances en las políticas de pago del Ayuntamiento.

El seguimiento de la situación por parte de los medios locales y la presión ciudadana podrían ser factores clave para que el Ayuntamiento tome medidas efectivas. La presión social puede fomentar cambios en la administración que beneficien tanto a proveedores como a ciudadanos.